madrid. El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Jesús Terciado, pidió ayer a los partidos políticos, dentro de las propuestas de su organización para la próxima legislatura, que permitan al empresario recuperar su poder de decisión mediante "porcentaje mínimo" de flexibilidad en la vida interna de la empresa que le permita, entre otras cosas, contratar y despedir con más libertad. Asimismo, Terciado exigió una reforma de las administraciones públicas para recortar el gasto y acabar con sus problemas de morosidad.

Terciado presentó en rueda de prensa las 75 medidas de la organización para la próxima legislatura pidiendo por ejemplo que se flexibilizice la bolsa de horas extraordinarias, ampliándola del 5% actual hasta el 20%. Asimismo, insistió en la necesidad de desarrollar una reforma de las administraciones públicas que acabe con los retrasos en el pago que estas acumulan, que actualmente superan los 45.000 millones de euros, según Terciado, y que perjudican en gran medida a las pequeñas y medianas compañías.

Respecto a la reforma laboral, Cepyme considera que debe ser el "cimiento" de recuperación para el empleo, a la vez que aboga por desjudicializar la contratación y por el contrato indefinido. Sobre abaratar el despido, Terciado precisó que las indemnizaciones deberían situarse en el entorno de la semana que posee Portugal y los 20 o 25 días que tienen otros países europeos, si bien dejó claro que deberían ser discutidas con los sindicatos. En este sentido, dijo que los empresarios deben escuchar las propuestas sindicales "en cierta medida".

Sobre la negociación colectiva, Terciado negó que su organización haya apostado por el convenio único de empresa, como dio a entender el lunes Rubalcaba. "Lo que queremos es que el empresario que quiera hacer su propio convenio lo pueda hacer, pero el que quiera pueda seguir teniendo su convenio sectorial", precisó. Además, los empresarios piden un nuevo marco fiscal que incentive la actividad y que bonifique a aquellas empresas que generan empleo, que reinvierten parte de los beneficios, que innovan o que poseen un proyecto internacional.

También piden una nueva norma que ayude a las empresas a financiarse y facilite su relación con las administraciones públicas.