DONOSTIA. La puesta en marcha de una política fiscal común en Europa, ¿puede afectar de algún modo al Concierto Económico?

En Europa cuando se habla de política fiscal común nunca se está hablando de unificar los impuestos. Cualquier unificación de los niveles de gasto es inviable porque hay diferencias muy grandes y no se pueden igualar los niveles de impuestos. Cuando se habla de armonizar la política fiscal europea tiene que ver más con el déficit, lo que tiene un impacto sobre la moneda única y los tipos de interés y no sobre el nivel de gasto, ni el nivel de impuestos. La UE ha tratado de armonizar el Impuesto de Sociedades, pero sin ningún éxito. Se decidió cambiar de estrategia con el fin de no igualar el tributo, sino para tratar de evitar comportamientos perniciosos.

Por tanto, ¿no va a haber una afectación al Concierto Económico?

No puede haber porque no se puede igualar los niveles de impuestos. De la misma forma que es imposible igualar un nivel de impuestos de Bulgaria con el de Alemania, lo mismo cabe hablar para Euskadi. Con el Concierto Económico no hay ningún problema. Lo hubo cuando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco recurrió los incentivos fiscales, porque se consideraban ayudas de Estado. A partir de 2006 la situación cambió y de facto, se admite que un país puede tener impuestos diferentes al resto de Europa. La forma en la que el Concierto Económico se puede ver afectado por cualquier proceso administrativo europeo es la misma que la que se pueden verse afectados España o Francia.

¿Se están desaprovechando en la actual coyuntura las ventajas que ofrece el Concierto Económico?

El Concierto Económico tiene dos cosas. La primera, que da mucho dinero. Una cuestión que hay que cualificarla porque a la hora de valorar el Concierto Económico puede ser mucho o poco en relación a lo que recibe una comunidad de territorio común. El segundo elemento es la capacidad normativa; es decir, si los impuestos son acordes a lo que pueden reportar a los ciudadanos. En mi opinión, el IRPF se podría aplicar de otra manera y el Impuesto de Sociedades se está empleando mal. Se están dando una serie de incentivos que tienen un coste muy elevado sin grandes ganancias para la sociedad. Creo que el Concierto Económico se podía utilizar de otra forma, pero no me atrevería a decir que se está utilizando mal. Se está haciendo uso de acuerdo con una serie de principios que en algunos casos no comparto.

¿De qué forma se podría utilizar mejor? ¿Puede servir para activar la economía?

El problema de la crisis de la deuda soberana, que sería el problema previo de los mercados financieros, es ajeno al País Vasco, de la misma forma que cualquier ralentización de la actividad económica en el mundo y, en particular, en Europa, nos afecta. Hay que ser consciente de que nuestra capacidad es muy limitada para hacer cosas. Lo que se puede esperar como mucho del Gobierno Vasco y de las diputaciones es que intenten suavizar el colapso económico y que ayuden a aquellas personas que lo están pasado peor. Lo que habría que hacer en este contexto es mantener lo máximo posible el gasto público.

¿Sobre qué premisas?

El gasto público puede ser en inversión o en educación y sanidad. A veces nos guiamos por las primeras ideas y, en economía, no tenemos que guiarnos en esa dirección. Por alguna razón todo el mundo tiende a pensar que el gasto en inversiones e infraestructuras es más rentable que el de sanidad o educación. Desde un punto de vista económico, es más importante el gasto expansivo que en inversiones por el efecto multiplicador que tiene. Cuando se invierte en carreteras se ponen en marcha trabajadores, generalmente poco cualificados, y una serie de agentes que, muchos de ellos, son ajenos al País Vasco. Si se contrata a un profesor la consecuencia es que se mantiene el empleo y eso genera una demanda interna. No está claro que hacer una carretera genera riqueza, porque hacer una infraestructura puede o no generar una rentabilidad. Hay estudios que analizan hasta qué punto aquellos países que gastan más en infraestructuras crecen más. No hay ninguna evidencia en ese sentido. Lo que hay que hacer es mantener el gasto público y, especialmente, el que genere más empleo porque es lo que se necesita. No nos debemos dejar de engañar pensando que el gasto en infraestructuras es una inversión rentable con un efecto multiplicador muy grande, mientras que el gasto social en educación o sanidad no es una inversión. Creo que es un error pensar que lo único que crea empleo y riqueza en un país es la construcción de carreteras.

¿Y la construcción de infraestructuras como el puerto exterior de Pasaia?

Depende del interés general, porque no es lo mismo el puerto de Pasaia que construir una carretera de acceso a un núcleo residencial. Podríamos hacer ahora diez carreteras con un efecto nulo. Hay que analizar cada caso. Hay que introducir el análisis económico en la toma de decisiones públicas. La obra pública debe llevar un análisis del impacto económico para conocer las razones de llevar a cabo esa inversión y al mismo tiempo debe haber mecanismos de control de la actividad pública.

La reforma fiscal que plantea la Diputación Foral de Gipuzkoa, ¿puede favorecer la activación económica del territorio?

Evidentemente, si se aumentan los impuestos y se reduce el gasto se está haciendo una política restrictiva. El efecto expansivo de las políticas económicas es menor cuanto menor sea el ámbito. La opción que tienen las diputaciones es reducir menos el gasto y endeudarse, ya que todavía tienen un cierto margen para hacerlo. En los impuestos no se pueden hacer cambios radicales de un día para otro, pero la reforma fiscal que ha hecho la Diputación de Gipuzkoa, aunque puede haber problemas en los detalles, creo que va en buena dirección.

Pero es una política de contracción en un momento económico muy delicado...

Es una reforma contractiva, pero no hay más que tres opciones: mantener el gasto y financiarlo con deuda, mantener el gasto y financiarlo con impuestos y, la última, más contractiva es la reducción del gasto. Una de las consecuencias de que el País Vasco tenga impuestos más bajos que el resto del España es que hay un margen fiscal mayor. Creo que las diputaciones deberían de intentar hacer un lobby para presionar a la UE para que tuvieran algún tipo de capacidad normativa en impuestos especiales y en el IVA.

¿Está afectando la subida de los impuestos generalmente a las rentas medias más que a las grandes fortunas?

El problema es que los ricos pagan pocos impuestos. Hay muchísima gente que no paga los tributos utilizando las empresas para, a través del Impuesto de Sociedades, meter gastos personales. También hay un fraude estructural en el IRPF muy grande. Este impuesto es muy progresivo, a pesar de que las grandes rentas no paguen. El 1,5% de los que más declaran, no de los que más tienen, están pagando más del 28% o 25% del impuesto y un 1,5% de lo que se recauda en total, mientras que el 10% de los contribuyentes que más pagan supone el 50% del IRPF. Realmente, desde un punto de vista nominal y formal, el IRPF no genera problemas. Se puede decir que tiene deducciones injustificadas.

¿Y subir el Impuesto de Sociedades?

Las empresas que pagan este impuesto son aquellas que tienen beneficios. Habría que mantener el Impuesto de Sociedades y eliminar las exenciones fiscales porque son caras e ineficientes, pues se acoge todo el mundo. El incentivo no solo va a favorecer a las inversiones motivadas por esa ayuda, sino a las que se iban a hacer en todo caso. Son ineficientes, ya que las empresas no invierten por los incentivos fiscales, porque malo sería que lo hicieran por esas ayudas. Otra cosa es, como ocurre en este momento, que las empresas tengan problemas de acceso a los mercados financieros y haya que crear líneas de crédito. La mayoría de las empresas en el País Vasco y el Estado, en lo que se refiere al Impuesto de Sociedades, pagan entre poco y nada. Es un tributo que lo pagan las grandes compañías.

¿Qué opina de las peticiones de reducción de impuestos que ha planteado Confebask?

Los empresarios deberían estar menos preocupados de pagar menos y ser más innovadores y más productivos. No se puede tener una clase empresarial que cree la única manera de obtener rentabilidad es bajando los impuestos. Entiendo que no quieran pagar los impuestos, yo tampoco lo quiero, pero otra cosa es que digan que los impuestos son muy malos. Yo no bajaría el Impuesto de Sociedades y eliminaría las deducciones porque, si nosotros queremos tener un estado de bienestar y mantener las instituciones públicas, tenemos que tener impuestos.

Los empresarios plantean adecuar el estado de bienestar a la nueva situación.

El intento de reducir el estado de bienestar se ha desorbitado por muchas vías. Una de ellas, es cuando se oye hablar a políticos y empresarios que dicen con una expansión económica se va a recaudar más. Eso no es cierto. Hay otro nivel mucho más sofisticado que sitúa el crecimiento económico en la austeridad y que la única forma de mantener el estado de bienestar es su redimensionamiento para reducirlo. Es una situación engañosa porque en la UE el coste de las pensiones supone el 15,2% de PIB.

La desarmonización que puede producirse por la decisión de la Diputación Gipuzkoa de seguir con su reforma fiscal sin contar con el resto de las instituciones forales, ¿puede provocar problemas al territorio?

Si, el problema va a ser para Gipuzkoa. Ya lo vimos el año pasado cuando mantuvo el Impuesto de Patrimonio al tener que darle el 33% al Gobierno Vasco y no recuperar una compensación de 7,4 millones de euros, al negarse la Diputación de Bizkaia. La ley de Aportaciones funciona bien mientras los impuestos sean idénticos en los tres territorios y no haya grandes diferencias de riqueza entre ellos. Y eso está desapareciendo. La Ley de Aportaciones no resuelve cuando un territorio establece un impuesto que no lo tienen los demás o se ponen unos tipos más altos. Todo está sujeto a interpretación. Si no hay armonización entre los tres territorios, volveremos a tener que pagar los guipuzcoanos, si vizcainos y alaveses no quieren compensar la diferencia. Este el problema que tiene aumentar o poner en marcha impuestos de manera unilateral.