Las previsiones vascas en materia económica y fiscal dibujan un escenario complejo y preocupante para 2012. La crisis se deja notar en los cinco continentes y la indignación de la sociedad es mundial, tal y como se evidenció en las manifestaciones que el pasado sábado recorrieron casi 1.000 ciudades. Nadie se libra, incluidas potencias como Alemania y Francia (dos grandes referencias para las exportaciones vascas), y crece el temor a una nueva recesión. En este contexto, los países de la UE, presionados por el poder financiero (acreedores de la deuda soberana), se encuentran inmersos en una "cruzada por el déficit cero" y abandonan la estrategia de incentivar la economía mediante el gasto público.

Euskadi no iba a ser menos y, hasta cierto punto, son lógicas las desviaciones a la baja registradas este año. De momento, el Ejecutivo de Lakua ha rebajado la predicción de crecimiento del 1,4 al 0,8 por ciento para el presente ejercicio, en el que se han perdido 3.800 puestos de trabajo, mientras que la recaudación fiscal en 2011, competencia de las diputaciones, se reduce en casi 800 millones de euros sobre el cálculo inicial. Todo ello implica nuevos ajustes para cuadrar el capítulo de ingresos y gastos. Respecto al próximo año, los ingresos pueden aumentar un 3,6 por ciento, claramente insuficiente si se quiere mantener un mínimo nivel de gasto público para reactivar la economía. Existen, por tanto, motivos de preocupación. Alguien ha dicho que "lo bueno de 2011 es que será mejor que 2012", lo que significa poner en cuarentena las previsiones realizadas por el Gobierno Vasco que hablan de un crecimiento económico del 1,4 por ciento y la creación de 2.900 empleos netos. Dadas las circunstancias, serían unos buenos resultados. Pero se hace difícil creer en unas estimaciones planteadas, en plena campaña preelectoral, por un Ejecutivo que se ha endeudado para cubrir el gasto corriente y que, demostrado está, debe adaptarse a la dinámica europea donde el temor a una nueva recesión está creando muchos problemas.

Bien es cierto que en Euskadi no se ha llegado al clima de otras Comunidades Autónomas donde se están realizando recortes (eufemísticamente los llaman ajustes) en sectores tan sensibles como la educación o sanidad. Pero todo se andará. Ahí está, como muestra, la declaración de Patxi López (15 de septiembre) pidiendo a la Diputación foral de Bizkaia "reconsidere" el rechazo a una posible reforma fiscal "porque si no, habrá que preguntarse qué quiere recortar, qué escuelas y hospitales quiere cerrar".

Semejante planteamiento no sólo es gratuito e innecesario, sino que está fuera de sus competencias como lehendakari del Gobierno Vasco. Instalado en la debilidad de ser el secretario general de la cuarta fuerza política vasca (según los resultados del 22-M) pretende aprovechar el escenario inédito que ofrecen las tres diputaciones con otros tantos partidos al frente para liderar una reforma fiscal, cuya responsabilidad recae en las Instituciones Forales y en el Consejo Vasco de Finanzas. Así lo anunció en julio pasado el consejero de Economía, Carlos Aguirre, "ahora la transversalidad la da el Gobierno. Las reuniones del Consejo Vasco de Finanzas han pasado de pastelearse en Bilbao, al lado del Palacio de Justicia, en Sabin Etxea, la sede del PNV".

Curiosa forma de buscar consensos. Se acusa de "pasteleo" a un partido. Después se le pide que renuncie a sus competencias como gobernante en una diputación. López esgrime un argumento maniqueo: reforma fiscal o recortes sociales, porque se hace necesario recaudar más y gastar menos para cuadrar los presupuestos, lo que conduce, por ejemplo, a proponer la congelación de los salarios a los funcionarios, aunque ahora, quien lo propuso (Carlos Aguirre) matiza con un llamamiento a la negociación colectiva, mientras la actualización de la Ley de Aportaciones tendrá que ser prorrogada un año, sin ni tan siquiera haber abierto el debate con los entes forales como era y es responsabilidad del Gobierno Vasco.

En parecida sintonía se manifiesta también la Diputación de Gipuzkoa, donde se alimenta la idea de priorizar una profunda reforma fiscal para evitar, dicen, los recortes sociales, al tiempo que se abandonan los grandes proyectos de infraestructuras, en clara referencia al puerto exterior de Pasaia y al trazado ferroviario de alta velocidad, a las que siempre se han opuesto. Vivimos malos tiempos y la crisis reduce el capítulo de ingresos y aumenta el de prestaciones sociales. Pero mal vamos si algunas instituciones pretenden aprovechar la coyuntura negativa para inmiscuirse en la responsabilidad de otras. Y peor iremos si las únicas medidas consisten en cubrir las necesidades básicas de la sociedad. La crisis no se soluciona sola. Es necesario abandonar posturas maniqueas e intervencionistas para poner en marcha un plan conjunto para incentivar la economía creando empleo y riqueza. Se puede, efecto, proceder a una reforma fiscal, pero si la única finalidad es recaudar más.