GASTEIZ. El consejero de Economía del Gobierno vasco, Carlos Aguirre, ha defendido la entrada de los representantes del Parlamento Vasco y las juntas generales de los tres territorios en los órganos de gobierno de las cajas, pero se ha mostrado abierto a consensuar con el PNV los porcentajes.

Aguirre ha comparecido hoy ante la Comisión correspondiente del Parlamento Vasco para presentar el proyecto de Ley de Cajas aprobado por el Gobierno de Vitoria el 11 de julio pasado.

Este proyecto reduce al 40 por ciento la representación de las administraciones públicas en las asambleas generales de las cajas, diez puntos menos que en la actualidad.

El proyecto establece que los impositores elegirían al 47 por ciento de los miembros que componen las asambleas generales, reduce el peso de las corporaciones municipales que cuentan con oficinas de la entidad, del 30 al 17 por ciento, y mantiene el 7 por ciento de la representación de los empleados de las cajas.

Como novedad, abre las asambleas al Parlamento Vasco (5 %), a las juntas generales (6 %), a las cámaras de comercio (1 %), así como a sindicatos y patronales presentes en el Consejo Económico y Social y a la Federación de Asociaciones de Consumidores, con el 6 por ciento total.

El consejero ha defendido la entrada de los representantes de la Comunidad Autónoma, porque, ha argumentado, la "institución principal del país es el Parlamento y el Gobierno que surge de él y tienen que tener una representación importante en la vida económica, social y política del país".

Ricargo Gatzagaetxebarria (PNV) ha dado a entender en su intervención que en el caso de que en una próxima legislatura su grupo lograra la mayoría suficiente cambiaría el actual reparto proporcional, en el caso de que no se llegue a modificar en el trámite parlamentario del actual proyecto.

Aguirre ha mostrado su disposición a alcanzar un "acuerdo intermedio" entre las posiciones actuales del PNV en torno a la presencia de las entidades fundadoras y lo recogido en el proyecto de ley.

El consejero ha explicado que el Gobierno defiende la opción de "carácter político" de haber incluido al Parlamento y las juntas generales en los órganos de gobierno de las cajas, frente a la posición del PNV que plantea su "reducción o supresión" en favor de las entidades fundadoras.

Aguirre ha recordado también la conveniencia de que el Parlamento apruebe la nueva Ley de Cajas de ahorro vascas antes de que finalice este año, porque para el próximo mes de marzo está prevista la renovación natural de los órganos de gobierno.

Ha explicado que sería un "derroche" que las cajas tuvieran que constituir unas asambleas en función de la ley actualmente vigente, para que, en un plazo relativamente corto de tiempo, tuvieran que constituir las nuevas con la nueva ley, ya que se estima entre 4 y 5 meses la adaptación a la nueva normativa.

Aguirre ha recordado que la futura ley tiene por objeto la regulación de las cajas de ahorros con domicilio social en la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como de las actividades desarrolladas en Euskadi por las cajas con domicilio social fuera de ella.

El consejero también ha destacado que en aras a la despolitización de los órganos de gobierno de las cajas el proyecto de ley regula la incompatibilidad de todo cargo público electo así como de los altos cargos de las administraciones públicas y de las entidades del sector público, con el de miembro de los órganos de gobierno de las cajas.