Donostia. El territorio guipuzcoano seguirá a partir de ahora una política "progresista" en materia de fiscalidad, según anunciaron ayer los representantes de Bildu y el PSE en las Juntas Generales durante el Pleno en el que estas dos formaciones y Aralar aprobaron una resolución por la que se insta a la Diputación a adoptar cambios tributarios orientados a tratar de salir de la crisis económica.

El rumbo que quieren seguir Bildu y el PSE en el territorio guipuzcoano en fiscalidad podría tener su extensión en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), donde hay actualmente tres representantes del Gobierno Vasco socialista y uno por cada territorio (Bildu por Gipuzkoa, PNV por Bizkaia y PP por Álava). De todos modos, lo que se plasmó ayer fue un acuerdo de intenciones que ahora deberá tener su reflejo en las propuestas normativas del Ejecutivo foral guipuzcoano. Si estas confirman la eventual sintonía entre los planteamientos de Bildu y los manifestados por el lehendakari, Patxi López, entonces esa concordancia de criterios podría ser trasladada al OCT, donde la armonizada fiscalidad vasca viviría una nueva etapa que la coalición de la izquierda abertzale y los socialistas califican de "progresista". El primer paso dado por ambas formaciones fue la aprobación ayer de la citada resolución, transaccionada sobre una propuesta de Aralar, que los tres partidos sacaron adelante en las Juntas frente a la abstención del PNV y el rechazo del PP. En ese acuerdo institucional se reclama a la Diputación gobernada por Bildu que introduzca un conjunto de medidas fiscales que afectarían al IRPF y al Impuesto de Sociedades, además de recuperar el Impuesto de Patrimonio y apostar por seguir trabajando en la lucha contra el fraude fiscal.

Tanto representantes de Bildu como socialistas aseguraron ayer que, de momento, no existe un acuerdo en lo que concierne a una posible estrategia de apoyos mutuos en el futuro en proyectos de normativa fiscal. La diputada foral de Hacienda y Finanzas, Helena Franco, ya ha anunciado que su departamento presentará antes de fin de año una propuesta de norma para recuperar el Impuesto de Patrimonio y modificar el IRPF, sin especificar más detalles. La manera en que del Ejecutivo foral de Bildu lleve a cabo esos cambios marcará, según fuentes socialistas, la relación de los dos partidos de cara a apoyos mutuos ampliables al OCT.

En el debate sobre la propuesta de resolución, la portavoz socialista en la Cámara guipuzcoana, Rafaela Romero, justificó su apoyo a la iniciativa de Aralar a que "las circunstancias económicas han cambiado" y adelantó que "el PSE y sus diez junteros apoyarán al diputado general en los órganos competentes", en referencia al acuerdo logrado en el ámbito de dirección política sobre fiscalidad. La juntera socialista hizo hincapié en que la entente con la izquierda abertzale responde a la conjunción de posiciones de "fuerzas progresistas". A su juicio, son necesarias "políticas más progresistas para evitar el capitalismo incontrolado" después de que "el estado de bienestar ha resultado herido por el ataque de los mercados hacia los gobiernos". Ante esa situación, el PSE ha llegado al acuerdo con Bildu "no por obligación sino por convicción", dijo Romero.

"Vía de equidad" La portavoz de Bildu, Idoia Ormazabal, comenzó su discurso sentenciando que "el sistema fiscal que tenemos no es justo" y defendió que la resolución aprobada ayer "permite profundizar en la vía de la equidad". La representante de la coalición señaló que "la ciudadanía de Gipuzkoa no entendería que no se aprobara esta propuesta" y criticó que "la política fiscal anterior nos conducía a las cuevas".

La única juntera con que cuenta Aralar, Rebeka Ubera, mostró su satisfacción por haberse aprobado una propuesta de su partido "después de años en los que nuestras iniciativas en fiscalidad han sido rechazadas". En su opinión, "ello muestra que se puede iniciar una nueva política en esta legislatura".

Ubera pidió a la Diputación "que actúe sin complejos desde la izquierda para adoptar los cambios de la fiscalidad" y reclamó para Gipuzkoa capacidad de decisión en esa materia al afirmar que "las decisiones se deben tomar aquí, en los órganos ejecutivos y legislativos, y no en los órganos de coordinación".

Precisamente por la cuestión de una posible desarmonización fiscal en Euskadi y por el hecho de que los firmantes de la enmienda transaccionada suprimieran del texto original de Aralar las alusiones a medidas para incentivar la economía, el PNV decidió abstenerse en la votación, según explicó la juntera jeltzale Itziar Agirre.

La representante del PNV calificó la iniciativa aprobada ayer de "electoralista y populista", si bien manifestó que "estaríamos dispuestos a debatir" sobre los cambios fiscales que han de adoptarse para salir de la crisis y agregó que "cabría la posibilidad de llegar a puntos de acuerdo" en otras materias relativas a política tributaria.

De todas maneras, insistió en que en la resolución "faltan las medidas de fomento de la actividad económica, que aparecían en la propuesta original, al igual que el asunto de la coordinación". Al hilo de ello, Agirre remarcó que "el OCT es la institución donde se coordinan las iniciativas de los territorios; las medidas no se pueden aprobar solo aquí, en Gipuzkoa". Finalmente, la juntera del PNV sugirió que "si el Gobierno Vasco paga a Gipuzkoa los 7,4 millones de euros que prometió por el desajuste causado a raíz del mantenimiento en el territorio del Impuesto de Patrimonio, a lo mejor no sería necesaria una reforma fiscal". Por su lado, el portavoz del PP en las Juntas, Juan Carlos Cano, apuntó que "en los países avanzados la empresa es la base de la creación de riqueza" y lamentó que la resolución no recojan cambios fiscales que beneficien a las compañías guipuzcoanas. El representante popular achacó al PSE que "ahora apuesta por un acuerdo fiscal, pero mirando a otro lugar del que miraba en su pacto anterior con PNV y Hamaikabat".