berlín/atenas. La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, están decididos a salvar Grecia y, por extensión, la zona euro de la crisis de confianza que los acecha.

Ambos mandatarios están "determinados a hacer lo necesario" para calmar los mercados y "han tomado ya varias decisiones en firme", según fuentes del Gobierno francés. Entre ellas, una conferencia telefónica a tres bandas con el primer ministro de Grecia, Giorgos Papandreu para hoy miércoles.

Además de revisar el cumplimiento de Grecia de las medidas pactadas a cambio de ser rescatada, se abordará la participación de la banca privada en la compra de bonos y se intentará fijar una reunión entre los tres dirigentes.

Los rumores sobre una posible declaración de quiebra por parte de Atenas se suceden mientras el Gobierno griego continúa los contactos con sus socios europeos para garantizar la obtención de los 8.000 millones de euros del sexto tramo de ayuda exterior, y lograr luz verde para un segundo rescate por valor de 160.000 millones de euros. Merkel declaró que "el trabajo de Alemania está centrado en evitar una bancarrota incontrolada de Grecia". La canciller alemana dijo que la UE debe "hacer todo lo necesario para evitar con decisiones políticas una quiebra de Grecia fuera de control" y advirtió que el peligro del efecto dominó es demasiado grande. También su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, declaró que hay que dar más tiempo a Grecia.

Mientras, el Gobierno griego sigue esforzándose en tapar agujeros financieros y acallar rumores de quiebra, en una carrera para convencer a sus socios europeos y al Fondo Monetario Internacional (FMI) de que hace lo posible para reducir el déficit y de que el país aún puede salvarse de la bancarrota. En esa política de mostrar que Atenas hace los deberes para recortar gastos, el Ministerio de Finanzas ordenó a 151 empresas con participación estatal que reduzcan sus plantillas en un 10%. Entre las empresas afectadas se cuentan la del ferrocarril, la radioteevisión estatal, la agencia de noticias ANA y la empresa del gas. La medida contempla dejar a los trabajadores públicos en la reserva durante un año, durante el que cobrarían el 60% de su sueldo. Si tras ese periodo no pueden volver a ser contratados, quedarían despedidos. Varios medios locales calculan que unas 20.000 personas podrían verse afectadas por esa reducción de personal.