madrid. CCOO y UGT enviaron ayer al Ministerio de Trabajo e Inmigración un documento conjunto con sus enmiendas al borrador del Real Decreto-Ley de medidas laborales que les fue remitido el miércoles y que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy y que, entre otras cosas, contempla la creación de un nuevo contrato de formación y la suspensión por dos años del límite al encadenamiento de contratos temporales. En primer lugar, los sindicatos critican en su documento que el Gobierno haya "sustraído" al diálogo social y adoptado por sorpresa algunas iniciativas contenidas en esta norma que el Gobierno quiere tramitar de manera urgente.

Subrayan que la mesa de negociación en materia de empleo debería haber tenido la ocasión de debatir las cuestiones referentes al nuevo tratamiento del Fogasa y, especialmente, la suspensión al tope actual para encadenar contratos temporales, medida ante la que manifiestan su "absoluta oposición". Los sindicatos recuerdan que casi el 33% de los trabajadores temporales tenían un contrato inferior a seis meses en el segundo trimestre del año y que en los terceros trimestres de cada año siempre se incrementan los temporales con contratos de entre uno y seis meses de duración debido a la temporada estival.

"duración excesiva" CCOO y UGT también se oponen a crear una nueva modalidad de contrato formativo y a cambiarlo de denominación. Los sindicatos consideran además "excesiva" tanto la duración del contrato de formación propuesta por el Ejecutivo (dos años prorrogables a un tercero) como el que se puedan efectuar estos contratos con jóvenes de hasta 30 años. Entienden que la edad máxima de los destinatarios de contratos formativos debe ser 21 años, aunque ceden en que, excepcionalmente y durante dos años, el tope pueda fijarse en 25 años.

Los sindicatos sí celebran la prórroga de la ayuda de 400 euros a los parados sin ingresos pero ven "preocupante" que el nivel de cobertura a los desempleados se haya reducido más de 10 puntos desde que se derogó el anterior programa. Por último, se oponen a fusionar el Fogasa con el Servicio Público de Empleo Estatal, estimando que debe mantener su carácter autónomo.