vitoria. La multinacional Daewoo Electronics decidió establecer su planta en Gasteiz en 1996, después de escuchar ofertas de Navarra, Aragón, Murcia y Cataluña. Una atractiva implantación que gozaba de la tentadora tarjeta de presentación de una inversión prevista de más de 10.000 millones de pesetas y la creación de más de 400 puestos de trabajo entre 1996 y 1999. Pero la presencia de la firma surcoreana en Jundiz ha estado, de un modo u otro, marcada en estos catorce años por la controversia.
En primer lugar, no por ello menos importante, porque nunca llegó a crear los 412 empleos previstos en el proyecto inicial -se quedaron entre 160 y 190-, motivo por el cual el Gobierno Vasco exigió en 2004 a la compañía devolver 2,36 millones de euros que recibió en su día en concepto de ayudas. De hecho, de la inversión prevista en ese periodo, que ascendía a más de 70 millones de euros, no llegó a ejecutarse ni un 50%, razón por la que el Ejecutivo redujo de 17,7 a 5,7 millones de euros sus ayudas directas, al perder el proyecto su consideración de estratégico.
No menos polémico, y bastante más trascendental en lo político, fue su papel dentro del conflicto sobre los incentivos fiscales que recibió para instalarse en Gasteiz y que fueron declarados ilegales por la UE en 2004 tras un largo periplo judicial que suponía un auténtico torpedo en la línea de flotación del Concierto Económico y del autogobierno vasco.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que Daewoo y Ramondin debían devolver a las arcas alavesas 14,4 millones de euros, de los que cuatro correspondían a la multinacional surcoreana. Daewoo Electronics había obtenido un crédito fiscal del 45% del importe de la inversión que la Unión Europea consideró ilegal y que ha servido posteriormente como referencia para proceder contra las denominadas vacaciones fiscales.
