madrid. El escaso consumo de los hogares y la limitada inversión empresarial están detrás del débil avance de la economía, que en el segundo trimestre del año creció dos décimas y cuya recuperación podría verse comprometida por las posibles repercusiones de la crisis en los mercados de deuda soberana.
El Banco de España considera que el aumento de la inestabilidad en los mercados es el principal riesgo para la mejoría de la economía española, que sólo podrá ser superado si en Europa se ponen en marcha los compromisos acordados para dar estabilidad al euro y si el Gobierno culmina pronto las reformas pendientes.
A pesar de la desaceleración del segundo trimestre, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, descartó que el Ejecutivo vaya a modificar su previsión de crecimiento del 1,3 % del PIB para este año, porque confía en que la tensión en los mercados sea "temporal y dure poco tiempo". En este sentido, Salgado coincide con el Banco de España en que la inestabilidad se irá reduciendo cuando se observe la determinación de los Parlamentos europeos en llevar a cabo las decisiones tomadas por el Eurogrupo el pasado 21 de julio con motivo del segundo rescate financiero a Grecia.
El avance trimestral del 0,2% (una décima inferior al registrado entre enero y marzo) fue posible por la aportación positiva del sector exterior, sobre todo por la minoración de las importaciones, ya que las exportaciones crecieron a un menor ritmo.
La aportación negativa provino de la caída de la inversión en construcción y del descenso del gasto público, en tanto que el consumo privado y la inversión empresarial se mantuvieron prácticamente estancados.
En comparación con el mismo trimestre del año anterior el crecimiento económico también se ralentizó una décima, al pasar del 0,8 al 0,7%, debido a la contracción del consumo, ya que en el segundo trimestre de 2010 el gasto de los hogares fue más intenso por el efecto de la anticipación a la subida del IVA en julio.
Para el supervisor, la evolución aún negativa del mercado laboral, unida a la caída de la renta familiar, constituye un contexto poco propicio para el gasto de los hogares, que sigue mostrando "una notable atonía". A esta situación desfavorable para el consumo privado el supervisor añade la disminución del valor de la riqueza inmobiliaria, unas condiciones crediticias "relativamente restrictivas" y la pérdida de poder adquisitivo consecuencia de una inflación elevada.
