vitoria. La maquinaria burocrática europea pasó ayer de nuevo por encima de la autonomía fiscal vasca. Sin sorpresas, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo confirmó la ilegalidad las minivacaciones fiscales vascas y desestimó los argumentos de las diputaciones forales, que intentaban evitar que las empresas que se beneficiaron de las ayudas tuvieran que devolverlas.

No cabe ya ningún recurso ante la sentencia y todos los esfuerzos se centrarán ahora en demostrar que las compañías ya han ingresado en las arcas forales todos los incentivos recibidos en la década de los noventa, durante la anterior crisis. Los diferentes criterios que manejan la Comisión y las haciendas forales en relación al dinero a reintegrar han abierto una causa paralela que puede cerrarse con una sanción millonaria. Ese frente cobrará ahora fuerza una vez agotada la causa jurídica.

Agotada, por cierto, sin que el Tribunal Europeo haya entrado en el fondo de la cuestión, la autonomía fiscal vasca. Ni lo hizo en junio en la causa principal, las vacaciones fiscales, ni ahora en la que afecta a sus hermanas pequeñas, las minivacaciones y las deducciones del 45% en el Impuesto de Sociedades. Tampoco ha profundizado en otro de los argumentos forales: Navarra activó unas ayudas similares en aquella época y las empresas riojanas -cuyo gobierno presentó el recurso que desencadenó el proceso- disfrutaron de los incentivos a través de las normas aprobadas por el Ejecutivo español.

Las líneas rojas del Tribunal de Luxemburgo han dejado a un lado de la cuneta esas cuestiones y se han centrado en aspectos técnicos. En contra del criterio de las diputaciones, considera que la "inacción" de la Comisión Europea desde 1996 hasta 2000 no cabe interpretarse como un presunta aceptación de la legalidad de las ayudas, aún cuando, según las haciendas forales, se había informado a Bruselas de las ayudas. La Corte cree además que no se ha vulnerado el derecho a un proceso justo, y confirmó que la Comisión no violó el principio de proporcionalidad al pedir al Reino de España que recuperase la totalidad de los créditos fiscales, pese a que empresas del resto del Estado disfrutaron de incentivos similares.

sin efectos Las diputaciones, que ya esperaban el fallo negativo, insistieron en que ya han recuperado todas las ayudas y afirmaron por tanto que la sentencia no tiene efectos prácticos. Bizkaia recordó en un comunicado que en 2007 ya se recuperaron tanto las cantidades disfrutadas por las empresas beneficiarias como los intereses de demora, en total, 134 millones de euros.

La diputación vizcaína indicó que acata, "como siempre", el contenido de todas las resoluciones judiciales, aunque lamentó que no se hayan aceptado sus argumentos jurídicos. Dada por buena "la última palabra" de Luxemburgo, Bizkaia recordó que ha enviado recientemente, el pasado 14 de julio, sus alegaciones ante la petición de multa de la dirección de Competencia dirigida por Joaquín Almunia. Tanto las diputaciones como el Reino de España discrepan del mecanismo utilizado por Bruselas para calcular el dinero a devolver por las empresas beneficiadas. Será el propio Tribunal de Luxemburgo el que decida quién tiene razón, en esencia si se han devuelto ya o no, los incentivos, en un proceso que se alargará en torno a dos años. La abogacía del Estado representará a las diputaciones en la causa.

Álava se movió en los mismos parámetros -"nada cambia" después de la sentencia porque el dinero ya ha sido devuelto-, pero el nuevo gobierno guipuzcoano liderado por Bildu pidió "tiempo para sacar conclusiones". A pesar de todo, el director de la Hacienda guipuzcoana, Xabier Olano, aseguró que se juzga la gestión de otro partido [el PNV] y que por su causa Gipuzkoa se enfrenta a una "multa extraordinaria". Olano afirmó que su Ejecutivo se desmarcará del "camino trazado" hasta ahora. Su postura no afecta en principio al resto porque se trata de causas separadas.