Bruselas. Los países del euro alcanzaron ayer un acuerdo para impulsar un segundo plan de rescate a Grecia, según anunció anoche el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, desde Bruselas, donde se reunieron los socios de la moneda única en una cumbre decisiva. La canciller alemana, Angela Merkel, aseguró que la ayuda asciende a 159.000 millones de euros, de los que unos 50.000 saldrán del sector privado. Por su parte, el jefe del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, valoró desde la capital europea que "se ha logrado un acuerdo fuerte, concreto, preciso, que debe transmitir confianza y credibilidad y, ante todo, permitir a los países de la zona euro tener expectativas para la recuperación económica".

El presidente francés, Nicolás Sarkozy, fue uno de los primeros en comparecer ante los medios para explicar algunos detalles de lo que ha definido como un "compromiso firme" para ayudar a Atenas. El mandatario desveló que habrá aportación de la banca privada, una de la condiciones exigidas por Alemania, entre otros países. Concretamente, los bancos acreedores de Atenas aportarán 135.000 millones de euros en un plazo de 30 años. Sarkozy insistió en que se trata de una plan diseñado específicamente para Grecia y del que no podrán beneficiarse otros países que han recibido ayudas, como Irlanda y Portugal.

impago temporal Los países de la eurozona plantean suavizar las condiciones de la ayuda a Grecia y acabaron cediendo ante la idea de que el país entre en un impago temporal para aliviar la pesada carga de su deuda. Según el documento filtrado a la prensa, los líderes europeos accedieron a alargar los plazos del crédito de 110.000 millones concedido hace más de un año a Atenas hasta los 15 años, de los 7 actuales, y a rebajar su interés del 4,5% al 3,5%, lo que da algo de aire al país mediterráneo para superar sus problemas económicos.

La medida supondría un impago temporal de varios días que afectaría al 90% de la deuda de Grecia que vence de aquí a 2020. Las agencias de calificación de riesgo, sin embargo, ya han advertido de que en caso de impago volverán a reducir la nota de solvencia de Grecia, lo que podría desembocar en una nueva oleada de recortes de los periféricos, complicando así la salida de la crisis. Para evitar el problema, las entidades podrán seguir acudiendo con deuda griega a la ventanilla de liquidez extraordinaria del Banco Central Europeo, que es la única fuente de financiación que tiene hoy por hoy el sector financiero griego, aunque caiga en impago. Para ello, este fondo aportaría algún tipo de garantías que cubriese el valor de los títulos griegos. La operación de canje resultaría en una reducción del 20% del valor neto con el que bancos y aseguradoras hicieron su inversión. El objetivo de la medida es que la banca contribuya con hasta 30.000 millones en el coste del nuevo programa de ayuda. Para alcanzar los 110.000 millones que Grecia necesita hasta 2014, los países de la UE, Bruselas y el FMI podrían aportar otros 70.000 millones en nuevos créditos y fondos no usados del primer y fracasado rescate puesto en marcha hace un año por, precisamente, 110.000 millones.

Sin salir de la participación privada en el rescate, los líderes europeos también accedieron a autorizar al fondo de ayuda (EFSF, por sus siglas en inglés) a inyectar dinero en la banca con inversiones en deuda griega a través de ayuda a los Estados para evitar que la crisis se siga extendiendo a España e Italia o, incluso, al corazón mismo de la UE a través del sector financiero. Además, tampoco se descarta que el propio EFSF pueda acudir, en un futuro, en ayuda de los países con problemas en los mercados de deuda comprando sus bonos en el secundario, aunque esta opción requerirá algo más de tiempo por cuestiones legislativas.

Por este motivo, pensando más en el riesgo de contagio, los países del euro también quieren que como paso previo el EFSF pueda dar líneas de crédito preventivas a los socios que no han sido rescatados pero cuya deuda está siendo atacada por los mercados, como ocurre ahora con Italia o España. Lo que se ha caído del texto del acuerdo es la propuesta francesa de imponer un impuesto a los beneficios a la banca.