MADRID. El Gobierno aprobó ayer su reforma de la negociación colectiva, que reduce los plazos máximos de renovación de los convenios, establece el arbitraje para los casos en que no sea posible el acuerdo y da más protagonismo al convenio de empresa frente al provincial.
Según el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, el Real Decreto Ley aprobado ayer en el Consejo de Ministros establece una reforma "equilibrada y profunda". Así, se reduce el peso "excesivo" de los convenios provinciales y se da más flexibilidad a las empresas para cambiar las condiciones de trabajo y evitar así los despidos.
Al mismo tiempo se mantienen los derechos de los trabajadores, ya que se ha evitado que, ante la falta de acuerdo, un convenio decaiga y se pierda la denominada ultraactividad, que supone la prórroga automática hasta que se pacte uno nuevo, añadió. Al respecto, el real decreto ley, que previsiblemente se tramitará como proyecto de ley, fija el plazo máximo para renovar un convenio a entre 8 y 14 meses, frente a los 12 y 18 meses que había planteado ayer Gómez y los 20 meses que aparecían en el primer borrador de Trabajo. Para los convenios con una duración de dos años el plazo máximo será de 8 meses, mientras que el tope de 14 meses se aplicará a los convenios con una vigencia superior a los 24 meses.
Si no hay acuerdo, las diferencias se llevarán a las comisiones paritarias de las empresas (formadas por los representantes de los trabajadores y del empresario) y si tampoco es posible el consenso sindicatos y compañía irán "obligatoriamente" al procedimiento de arbitraje, precisó el ministro.
Otra novedad que resaltó Gómez es que el convenio de empresa tendrá prioridad sobre el provincial en materia de cuantía de salarios, jornada, funciones y traslados.
jornadas flexibles En materia de flexibilidad interna se obliga a que, entre los contenidos mínimos de un convenio, haya medidas de este tipo para favorecer la competitividad y poder adaptarse a las circunstancias económicas. La que aporta el Ministerio de Trabajo es que, como máximo, un 5% de la jornada anual se podrá distribuir de forma irregular para acomodarse a las necesidades de producción de la empresa. Por ejemplo, el empresario podrá decidir alargar la jornada de sus trabajadores algunos días a cambio de acortarlas en otro momento. El objetivo es evitar las horas extraordinarias que tendría que pagar aparte.
Para el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, la reforma se basa en un "equilibrio sustantivo" entre la flexibilidad que necesitan las empresas para crear empleo y la seguridad de los trabajadores, y se fundamenta en lo consensuado por la CEOE, CCOO y UGT antes de que rompieran las negociaciones el pasado 2 de junio.
No opinan lo mismo CCOO y UGT que lamentan que el Gobierno haya aprobado la reforma "unilateralmente", dicen no sentirse vinculados con ella y confían en recuperar la negociación con la CEOE. En esta línea, el vicepresidente primero de la CEOE, Arturo Fernández, afirmó que la patronal seguirá negociando con los sindicatos porque quieren mejorar el Real Decreto-Ley.
El portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran Lleida, criticó al PP y al PSOE por no emprender las reformas económicas necesarias y dijo que el miedo a perder votos "ha sido aprovechado" por los sindicatos para imponer en gran medida sus criterios en la reforma de los convenios.
Según el portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, la reforma será "inaplicable" porque nace sin el consenso de los agentes sociales y, por tanto, "no va a hacer falta ni derogarla" si llegan al poder.
