El Pleno del Congreso convalidó ayer, con los únicos votos a favor del PSOE y CC y la abstención de PP, CiU, PNV y UPN, el decreto ley de medidas para la regularización y control del empleo sumergido, que establece un periodo de regularización voluntaria hasta el 31 de marzo, y que endurecerá desde ese momento las sanciones administrativas a empresas y trabajadores, llegando a multiplicar las multas hasta por cinco en algunos casos. La abstención de los nacionalistas vascos y catalanes, que han justificado para no ser "corresponsables" del plan, permitió a los socialistas salvar el rechazo de ERC, IU, ICV, BNG y UPyD. Si bien las críticas a la norma fueron unánimes desde todos los grupos de la oposición, que coincidieron en calificar el decreto de "insuficiente" y denunciar lo que consideran una "amnistía" a las empresas.
