vitoria. Torpedo a la línea de flotación de las haciendas vascas. En una decisión sin precedentes, el Tribunal Supremo emitió ayer un dictamen favorable a la Agencia Tributaria que obliga a Álava, y por ende a Euskadi, a devolver al Gobierno español los 435 millones de euros del llamado caso Rover, casi 74.000 millones de las antiguas pesetas. La sentencia, que ayer a última hora no había sido notificada de forma oficial a las partes afectadas -las tres diputaciones forales y el Gobierno Vasco-, es firme y no cabe recurso alguno ante el Tribunal Constitucional.

Los tres diputados generales y el consejero de Economía, Carlos Agirre, se reunirán previsiblemente hoy en Lakua para tratar de digerir y analizar las catastróficas consecuencias de este mazazo y, de paso, convocar un Consejo Vasco de Finanzas extraordinario para marcar la hoja de ruta de la devolución. Al tratarse de una sentencia sin precedentes, no está claro si los 435 millones deberán devolverse en un solo plazo o por tramos. Todo será nuevo en este campo a partir de este momento.

¿Cuánto devuelvo? Lo que es seguro es la cantidad que deberá cambiar de manos. Álava tendrá que rascarse el bolsillo y devolver 22 millones a la Agencia Tributaria, Bizkaia hará lo propio con 65 millones y Gipuzkoa, con 44 millones. Así y todo, el gran damnificado de la controvertida decisión judicial será el Ejecutivo vasco, el mayor benefactor del pago que se recibió de Madrid en función del llamado coeficiente horizontal. Según esta interpretación fiscal, Lakua recibe siempre el 70% de lo que se ingresa -en esta ocasión obtuvo 304 millones de euros por el caso Rover- y el resto va a parar a las diputaciones.

La obligatoriedad de devolver ahora esta lluvia de millones, que el pasado ejercicio permitió al propio Ejecutivo y las tres diputaciones maquillar los resultados de una recaudación fiscal castigada por la crisis, puede acentuar la situación económica vasca en un escenario tan complicado como el actual, con un paro desbocado, una demanda interna escasa en bienes de consumo y unas señales de alarma lanzadas desde las patronales vascas altamente preocupantes.

Jarro de agua fría La sorprendente noticia cayó como un jarro de agua fría en los tres territorios por lo inesperado y sorprendente del auto. Hay que recordar que es la primera vez que el Supremo falla en contra de un dictamen de la Junta Arbitral, que es el órgano formado por tres juristas independientes encargado de resolver los contenciosos surgidos en torno a la aplicación de las medidas derivadas de las facultades fiscales contempladas en el Concierto Económico Vasco.

En la Hacienda alavesa el sentimiento tras conocer de forma extraoficial la noticia fue de "profunda decepción" y "desamparo" ante probablemente uno de los mayores palos judiciales que ha recibido la institución foral a lo largo de su historia. Sólo queda, reconocía ayer a este diario un portavoz foral, la "satisfacción por haber defendido hasta las últimas consecuencias los intereses de todos los alaveses y, por tanto, lo vascos". Y poco más ante una decisión que no admite margen de maniobra y que muchos contextualizan, sospechosamente, en víspera de elecciones.

el origen del 'caso rover' Interpretaciones al margen, la resolución del Supremo pone fin a un litigio judicial que ha durado casi 20 años. El origen del caso Rover se remonta al periodo entre 1990 y 2005. En esta etapa se vendieron 259.000 coches de importación de esta marca inglesa a través de la localidad alavesa de Araia, que los almacenaba en el polígono de Aspárrena. El IVA de aquellas transaciones siempre lo cobró la Agencia Tributaria, cuando en realidad quien debía haberlo ingresado era la Diputación de Álava. La resolución de la Junta Arbitral del 19 de junio de 2009 ratificó esta interpretación. Sin embargo, la deliberación de ayer de los magistrados del Supremo ha dado la razón a Madrid, poniendo a partir de ahora a Euskadi en un serio aprieto. Esos 435 millones que ahora volarán a Madrid suponen el doble de lo que la Diputación de Álava destinará este año a Servicios Sociales y Transportes y Obras Públicas.