vitoria. Días contados son los que les quedan al Tribunal Vasco de la Competencia (TVC) y el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) de Euskadi, que se despedirán de su actividad en las próximas semanas con un bagaje llamativamente pobre: sólo tres sanciones firmes en sus cinco años de vida. Su despedira será una realidad si sale adelante el anteproyecto de Ley presentado por el Gobierno Vasco para unificar los dos entes citados en un sólo organismo que será bautizado como Autoridad Vasca de la Competencia (AVC). Se trata de un nuevo ente público mucho más funcional que encajaría, según fuentes del Gobierno Vasco, en la línea del modelo que ya existe en el Estado y en la Unión europea. Un organismo autónomo que tendría carácter administrativo y personalidad jurídica propias, pero que será dependiente del Departamento de Economía y Hacienda, comandando por el consejero del ramo, Carlos Aguirre.

Para que eso ocurra, el anteproyecto de Ley de la Competencia aprobado en el Consejo de Gobierno de ayer ha de superar todavía el debate parlamentario para su posterior aprobación. La nueva AVC contará con una presidencia y un mandato que durará seis años. Como se recordará, la Comunidad Autónoma Vasca tiene actualmente encomendada la defensa de la competencia al Tribunal Vasco de la Competencia (TVC), con funciones decisorias y consultivas, pero también al Servicio Vasco de la Competencia (SVC), con funciones instructoras. En sus cinco años de vida, el Tribunal Vasco de la Competencia ha finalizado los expedientes abiertos con siete propuestas de sanciones aunque realmente sólo en tres casos ha finalizado con la imposición y cobro de una multa por prácticas contrarias a la libre competencia.Un balance, sea como fuere, pobre, a juzgar por la opinión de varios profesionales.

'Caso asfaltos', 116.000 euros En el caso de los tres expedientes en cuestión, los procesos no fueron a mayores al pactarse un acuerdo previo entre las partes acusadas. Se trataría de pactos de sanción de menor cuantía que garantizaron la no presentación de recurso por parte del sancionado. Los expedientes en cuestión son los denominados caso asfaltos, ocurrido en 2008 y solventado con una multa de 116.000 euros. El caso Hiru, también en ese mismo año y con una sanción de 25.000 euros, y el caso traumatólogo, del pasado año, y solucionado con una multa de 6.000 euros.