vitoria. Huele a huelga general de nuevo en España. Esta vez, a cuenta del colectivo de transportistas de mercancías, harto ya de ser "el pim, pam, pum de todo el mundo". El sector ya no aguanta más. Y en el fondo del asunto, una situación "insostenible" para sus profesionales. El gasóil se ha disparado casi un 60% en los últimos dos años y el coste por kilómetro de cada viaje hace meses que resulta inasumible, "inaceptable", ni tan siquiera suficiente para cubrir los gastos mínimos, clama el sector. Camiones y pisos embargados, deudas, cierre de empresas o accidentes por culpa del estrés son algunas consecuencias de un "atropello" que, en Álava, ofrece un dato escalofriante: el 80% de sus transportistas está trabajando en estos momentos en pérdidas, lo que significa que sólo los que capitalizaron su empresa en los años de bonanza están en condiciones de poder aguantar el temporal. El resto cerrará más pronto que tarde si la situación no cambia, vaticinan algunos profesionales.
¿Y qué es lo que tiene que cambiar? Más allá de que el precio de los carburantes baje, las patronales del sector miran directamente hacia el Gobierno central, al que simplemente piden que "haga cumplir la ley" que firmó hace dos años y medio junto a los cargadores y los propios transportistas. Dicha ley, a grandes rasgos, se comprometía a perseguir a las empresas morosas con sanciones que iban desde los 15.000 euros hasta los 75.000 euros, se comprometía a velar por el cobro de los trabajos realizados en treinta días y se comprometía a aplicar la cláusula de revisión de precios en función del coste del gasóleo.
Aquél acuerdo tuvo carácter oficial en junio de 2008 para disolver precisamente la huelga general que el sector llevó a cabo ese mismo mes, sin embargo, su aplicación posterior "ha sido poco menos que un fraude", lamentan en varios colectivos de autónomos. La situación, por tanto, es dramática y no ofrece muchas más alternativas que salir a la calle. Por de pronto, el Ministro de Fomento, José Blanco, ya tiene sobre su mesa una notificación de paro por parte de Asemtrasán, la agrupación de transportistas autónomos de Cantabria, que ya ha anunciado que harán huelga el próximo 15 de abril. Está por ver si el paro es de sólo unos días o indefinido.
¿qué ocurre en Álava? En esta provincia, donde existen cerca de 1.700 empresas vinculadas al transporte que emplean a 6.000 trabajadores, la situación es parecida. Y las demandas, también las mismas. "Los profesionales sólo pedimos que se cumpla lo pactado en su día en torno al coste por kilómetro que se fijó en el documento Observatorio de mercado del Transporte de mercancías por carretera", sostiene Ernesto Salazar, gerente del Centro Integral N1Júndiz, una asociación surgida hace cinco años que cuenta con 659 asociados en Euskadi.
Salazar, que es a su vez uno de los diez miembros del Comité Ejecutivo de Fenadismer -la patronal nacional de los pequeños transportistas- defiende la postura de sus representados con datos objetivos. El coste por kilómetro en 2009 era de 1,090 euros, mientras que un año después, cargadores y Fomento impidieron que éste se disparara hasta ser tres veces más caro. "¿Quién puede mantener una empresa en estas condiciones si los costes suben de una forma tran brutal?", se pregunta. Lo razonable desde un punto de vista empresarial en una situación similar tal vez sería revertir el alza de los carburantes y demás costos del camión sobre el producto final, en este caso, el transporte de la mercancía, "pero ahí radica el gran problema del sector", advierte Salazar, que añade: "No puede trasladar esas subidas al cliente porque éste, en estos momentos de crisis, dispone de una oferta tan amplia que los precios en el sector casi se están tirando", reconoce este profesional.
Si a ello se añade la existencia de camioneros pirata que operan sin licencia y cargadores que fomentan el dumping, es decir, asumir trabajos por debajo de costes, la situación es prácticamente insostenible. "Con la crisis la oferta ha caído casi un 30%; no hay para todos, por eso se está produciendo un reequilibrio entre la oferta y la demanda tan sangrante", apunta Salazar. En este callejón sin salida tampoco existen demasiadas opciones para los camioneros alaveses. "Si se hace huelga o no es algo que ellos decidirán en las próximas semanas", anuncian desde N1 Júndiz.
control de los límites de carga En los últimos meses, además de las demandas anteriormente citadas, el colectivo de transportistas ha incluido en el documento que ha remitido de nuevo al Gobierno dos puntos novedosos: el fomento de programas y cursos que incentiven una conducción más sostenible y, por tanto, menos contaminante, y la aplicación de un límite máximo de carga, ya que existe la percepción generalizada dentro del sector de que no se están cumpliendo. "Los camiones viajan cargados con un 35% más de mercancía", denuncian en alusión de los cargadores, que estarían reduciendo de este modo el número de viajes, obligando a los camioneros a trabajar "bordeando la ley" y asumiendo el coste de las sanciones, cuando éstas se producen, lamentan los profesionales.