BRUSELAS. "Se necesita un paquete de medidas para garantizar el préstamo responsable en la UE. Esto minimizará los perjuicios a los consumidores, especialmente a los que tenga bajo nivel de cultura económica o bajos ingresos", explica un documento publicado hoy por el Ejecutivo comunitario.
Concretamente, Bruselas pretende evitar que la información o publicidad "poco clara", unida a un "inapropiado" consejo profesional, lleve a los consumidores a elegir un producto "inadecuado" para su capacidad de pago, que desemboque en la "dramática" consecuencia de que una familia pierda su hogar.
La Comisión Europea calcula que los beneficios de esta normativa en términos de reducción de los impagos podrían ascender hasta los 1.931 millones de euros anuales en el conjunto de la UE.
El objetivo de esta normativa también es eliminar barreras para promover un mercado único de las hipotecas, de manera que se fomente la competencia en los mercados nacionales mediante la entrada de entidades extranjeras.
Concretamente, la propuesta de directiva obliga a las entidades a evaluar la capacidad de pago del cliente y a informar sobre la relación entre la persona que concede el crédito y el que la recibe para evitar potenciales conflictos de interés.
Asimismo, endurece las exigencias de transparencia a la hora de publicitar o aconsejar sobre una hipoteca e introduce la obligación de realizar a cada cliente un formulario personalizado sobre las condiciones de la eventual hipoteca, de manera que pueda compararlo con los competidores.
Asimismo, la directiva determina que los clientes podrán devolver la totalidad de la cuantía del crédito antes de plazo, sujeto a ciertas condiciones que determinarán los estados miembros.
En uno de los documentos publicados hoy, la CE ha reconocido que la obligación de evaluar las capacidades de pago de cliente y de rechazar su petición de crédito si la evaluación es negativa podría resultar en una reducción del acceso al crédito para ciertos sectores con bajos ingresos.
La propuesta del Ejecutivo comunitario debe ser ahora discutida por el Consejo -órgano donde están representados los estados miembros- y el Parlamento Europeo.
La Comisión Europea ha argumentado la necesidad de esta propuesta de directiva en el hecho de que, pese a la importante talla del mercado hipotecario en la UE -equivalente al 50 % del PIB europeo-, hasta ahora no hay ningún marco legislativo común y el mercado permanece muy fragmentado.
Aunque el Ejecutivo comunitario trabaja desde hace más de una década sobre este asunto, la sospecha de que "el comportamiento irresponsable" fomentó el calentamiento del sector en los años anteriores a la crisis ha incrementado la necesidad de este nuevo marco común.
