Madrid. Los ministros de Economía de la UE alcanzaron ayer un acuerdo político sobre un nuevo sistema de sanciones de hasta el 0,2% del PIB (que en el caso de España supondrían 2.000 millones de euros) para los países de la eurozona que no cumplan los objetivos de déficit o presenten desequilibrios excesivos. La recaudación de las multas se utilizará para alimentar el fondo de rescate para los países con problemas de deuda.
Los Veintisiete tienen que negociar ahora la reforma con la Eurocámara y se han marcado como objetivo llegar a un compromiso definitivo en junio de este año.
Las nuevas sanciones son uno de los pilares del plan de la UE para evitar que se repitan nuevas crisis de deuda. Sin embargo, los Estados miembros han descafeinado la propuesta original de la Comisión. Las multas no serán casi automáticas como defendía Bruselas, sino que se deja más tiempo a los países incumplidores para corregir sus problemas y se da más peso a las decisiones políticas de los ministros de Economía, que en el pasado ya han aprobado incumplir el Pacto de Estabilidad.
Esta circunstancia ha dado pie al presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, para criticar que la reforma no va lo suficientemente lejos como para prevenir futuras crisis y ha pedido a la Eurocámara que endurezca las sanciones. "Continuamos pensando que esta mejora de la gobernanza es insuficiente para extraer las lecciones de la crisis", dijo Trichet. Básicamente la institución con sede en Fráncfort cree que la automaticidad de las sanciones contemplada en la reforma es insuficiente y considera que hay que dejar menos margen de maniobra a los países para que puedan echar atrás un castigo.
Y es que las sanciones se activarán de forma semiautomática a propuesta de la Comisión, ya que se prevé un mecanismo de voto inverso, lo que quiere decir que la propuesta de sanciones presentada por Bruselas se considerará adoptada a menos que el Consejo la rechace por mayoría cualificada. El lanzamiento de un procedimiento sancionador seguirá siendo una decisión política que dependerá del Ecofin.
Aparte del procedimiento por déficit excesivo, se crea un nuevo procedimiento por desequilibrios excesivos, que se traducirá en multas de hasta el 0,1% del PIB para los países de la eurozona que no adopten las medidas recomendadas para frenar su pérdida de competitividad, por ejemplo para los que no eviten la aparición de burbujas inmobiliarias. Este nuevo sistema de vigilancia se basará en una serie de indicadores para detectar de forma precoz cualquier desequilibrio que amenace la estabilidad de la economía.
