madrid. El exministro de Trabajo del Gobierno del PP, Manuel Pimentel, dictará mañana lunes el laudo de obligado cumplimiento que pondrá fin al largo conflicto laboral que enfrenta a AENA y a los controladores aéreos desde hace más de un año.
Pimentel tenía de plazo hasta el 28 de febrero y dado que no ha solicitado ninguna prórroga para anunciar su decisión, se espera que entregue el laudo mañana lunes por la mañana a las partes interesadas, para posteriormente hacer pública su decisión.
Pimentel ha tenido todo el mes de febrero para decidir sobre los puntos del II convenio colectivo de controladores que la empresa y los trabajadores no pudieron consensuar vía negociación. El pasado 11 de enero, AENA y el sindicato de controladores USCA, que representa un 97% del colectivo de unos 2.400 trabajadores, acordaron designar a Pimentel como árbitro en la negociación del convenio colectivo del sector.
Éste actuaría en caso de que AENA y los controladores fueran incapaces de superar sus discrepancias antes del 31 de enero, como finalmente ocurrió y por lo que Pimentel tuvo que entrar en escena.
La labor de Pimentel como árbitro en la negociación se inició el pasado 1 de febrero en medio de las diferencias entre las dos partes sobre el grado de acuerdo alcanzado hasta entonces.
AENA aseguraba que se había llegado a un acuerdo respecto a todos los temas fundamentales del nuevo convenio, mientras que los controladores cifraban en tan sólo un 10% los puntos pactados. Los aspectos sin resolver se referían a la jornada laboral, la carrera profesional y otros técnicos de la profesión.
La masa salarial se fijó en 480 millones de euros para 2010 y en torno a los 460 millones de euros para años sucesivos, y la programación de los ciclos de trabajo y descanso (con una jornada laboral establecida en 1.670 horas y programable con las cuatro modalidades introducidas -1.200 horas, 1.300, 1.400 ó 1.500).
Los flecos que quedaban por cerrar se referían al reparto de la masa salarial, concretamente a la distribución del complemento de 33.000 euros anuales como adaptación a la jornada.
AENA quería vincularlo a objetivos de productividad como el nivel de absentismo o el número de regulaciones realizadas por dependencia.
La otra gran discrepancia tenía que ver con la designación de los puestos de responsabilidad que AENA consideraba que tenían que ser de libre designación por el proveedor -el propio ente durante el periodo de transición o el proveedor certificado en aquellas torres liberalizadas-, mientras que USCA defendía que sean por antigüedad.
Tampoco había acuerdo en lo que se refiere a la contratación de los nuevos controladores, otro punto que necesitaba la intervención de Manuel Pimentel.
