HA tenido que pasar casi un año desde su llegada a la Cámara de Comercio para poder evaluar realmente la capacidad de Gregorio Rojo como presidente de la entidad. Porque si en marzo de 2010 se hizo con el control de la casa tras un proceso electoral donde apenas encontró resistencia, en todo este tiempo su bagaje público se ha reducido a encuentros muy puntuales vinculados a la logística (III foro Transmodal, el vehículo eléctrico Hiriko o el "puerto seco" de Júndiz, la nueva terminal que supondrá una inversión de 120 millones de euros). Hasta ahí. Las comparecencias públicas, por todos es sabido, no son del agrado del presidente, como ya quedó patente en su etapa en la Caja Vital, donde apenas se expuso ante la opinión pública salvo en las contadas comparecencias en las que no admitió preguntas o los artículos de opinión que remitió a algunos medios de comunicación.

Su discurso, a veces hosco, provoca que Rojo se encuentre mucho más cómodo en la sombra. Y en esa segunda fila precisamente su actividad en la Cámara ha sido mucho más prolija. Tras conocer en profundidad la casa y sus profesionales, analizó su estructura, estudió la herencia recibida y encomendó un ambicioso plan estratégico (2010-2014) a partir de las reflexiones que las diferentes comisiones de trabajo interpretaron en clave industrial, logística o comercial. La presentación de dicho plan estaba prevista para finales del pasado año, pero una polémica medida impulsada por Rodríguez Zapatero dio al traste con el que hubiera sido, sin duda, el primer golpe de efecto de Rojo al frente de la Cámara.

Pago obligatorio El decretazo del Gobierno atacó de lleno a la línea de flotación de las Cámaras, su financiación. Históricamente sus presupuestos se elaboraban a partir de una cuota anual de obligatorio pago para las empresas conocida como recurso cameral permanente que, según los casos y el margen de beneficio de cada empresa, puede representar entre el 40% y el 60% de los ingresos totales de cada entidad. Pues bien, el decreto ley aprobado aquél 3 de diciembre restringió la obligatoriedad de dicha cuota, convirtiéndola en voluntaria. Obvia decir que la tormenta que dicha medida desató en los órganos ejecutivos de las 88 Cámaras de Comercio todavía continúa candente. Para la alavesa, la factura de esta imposición supondrá entre dos y cuatro millones de euros menos de ingresos. Y en ésas anda ahora Rojo. Rediseñando un nuevo modelo de autofinanciación para una nueva era. Afrontando, en definitiva, su primer gran dilema como presidente: ¿cómo recuperar los ingresos perdidos?

No al "gratis total" El plan estratégico que estos días vuelve a redactar la Cámara basa su estrategia en tres líneas de actuación, ser más eficientes, ofertar nuevos servicios a las empresas y transformar progresivamente todo lo gratuito en opciones de pago. "Las entidades que no entiendan esto no sobrevivirán", sostenía recientemente en un artículo de opinión el que fuera director general de la Cámara de Bilbao Juan Luis Laskurain. En el mal llamado "gratis total" encajarían servicios como el de la creación de empresas, la obtención de los certificados en origen -imprescindibles para exportar- o las misiones comerciales al extranjero, que en 2010 se saldaron con cerca de una treinta de salidas en las que tomaron parte más de mil empresas vascas. Con la nueva realidad, sospecha la entidad alavesa, es muy probable que todos estos servicios gratuitos, "que no se valoran nunca", pasen a mejor vida.

Balón de oxígeno La captación de nuevos ingresos dependerá de la aparición de un socio inversor, y por ahí cobrará protagonismo la administración pública. La Ley de Economía Sostenible aprobada recientemente ha supuesto en este sentido un soplo de aire fresco para el futuro de la Cámaras por cuanto abre la financiación pública a los presupuestos de estas entidades. "El Gobierno no midió las consecuencias cuando suprimió las cuotas camerales, por eso ahora, con medidas como ésta, trata de enmendar el error", interpreta un miembro del Pleno alavés. Siempre que cuenten con la autorización del Gobierno Vasco, la Cámara alavesa podrá cerrar acuerdos y convenios con el sector público para prestar servicios a éste o a las empresas, cosa que antes no ocurría al estar la oferta excesivamente atomizada entre el propio Gobierno, la Diputación, el Ayuntamiento o la propia patronal SEA. Además, estas entidades podrán promover "toda clase de asociaciones, fundaciones, sociedades civiles o mercantiles" para incrementar sus ingresos.

¿reajuste de la plantilla? La canalización de este tipo de servicios a través de la Cámara se antoja "crucial" para el normal funcionamiento de la entidad a medio plazo, entiende el expresidente Román Knörr. De lo contrario, añade, "como en cualquier otra empresa que atraviese problemas llegará el momento de realizar ajustes de todo calado, a veces traumáticos, como el reajuste de la plantilla", formada ahora mismo por treinta profesionales.

Sin embargo, en el seno de la entidad no existe por el momento este ánimo. El propio Rojo ya ha transmitido en más de una ocasión su "compromiso" con el proyecto que inició en marzo de 2010 y que no contempla prescindir de ningún trabajador. Al menos, a corto plazo. Para cumplir con este objetivo, la Cámara dispone de un colchón de provisiones que fuentes no oficiales sitúan entre los diez y los doce millones de euros. Un recurso más que suficiente para gestionar sin precipitaciones el tiempo muerto que resta hasta la entrada en vigor del decretazo, el 1 de enero de 2012. Al son de la reforma del sector financiero aprobada el viernes hay quien también sostiene dentro de la propia Cámara que "azuzar el avispero" le vendrá bien a la casa. "Éramos como un elefante dormido, pero ahora, al tener que movernos más y buscar nuevas fórmulas de ingresos nos hará una Cámara más viva".

El ambiente de nerviosismo también ha dado para alumbrar teorías como una posible fusión de las tres Cámaras, siguiendo el modelo actual que se persigue para BBK, Kutxa y Caja Vital. "Yo no lo veo. Entiendo que todas son entidades con poso y estructura consolidada, y además para eso está Eusko Ganberak, que lo que debe hacer a partir de ahora es potenciarse mucho más", sostiene Knörr. ¿Y la venta de inmuebles? Como recurso último es seguro que podría proporcionar a la casa pingües beneficios -dispone en propiedad de casi 1.800 m2 en pleno centro- , pero ni parece que éste sea un buen momento para la venta o el alquiler, ni existe la necesidad real de desprenderse de este valioso patrimonio. A la espera de acontecimientos, está por ver si el impacto de la polémica medida acabará incidiendo en las empresas más de forma negativa que positiva. "Porque prácticamente no hay ni un autónomo ni una pyme en Euskadi que pague cuota alguna a su Cámara. Estos dos colectivos son, sin duda, los grandes perdedores de esta película", concluye Laskurain.