madrid. El Pleno del Congreso aprobó ayer con la única oposición de las minorías de izquierda un informe de recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, que incorpora una modificación pactada entre PSOE y CiU que reclama un nuevo marco legal sobre la edad de jubilación "más basado en la flexibiidad y gradualidad". El espíritu de esta iniciativa, que se interpreta como un gran triunfo de los socialistas ya que recoge íntegramente los postulados del Ejecutivo, es que cualquier modificación de la edad de retiro se haga de manera "progresiva" y no de manera "homogénea y forzosa para el conjunto de las personas".
Esta propuesta, que modifica el texto aprobado el pasado 29 de diciembre, contó también con el apoyo de PNV, hasta sumar 186 escaños mientras que el PP, UPN y CC se abstuvieron y ERC, IU, ICV, BNG, NaBai y UPyD votaron en contra. Por contra, los votos particulares presentados por populares, minorías de izquierda y UPyD para hacer explícito el rechazo del Congreso al retraso de la edad de jubilación no prosperaron. El PP también se abstuvo en todos ellos, salvo en el suyo.
Criterios de flexibilidad En la práctica, la decisión adoptada ayer por el Congreso de los Diputados supone que el Gobierno tiene ya las manos libres para aprobar el viernes, haya o no acuerdo con los sindicatos, su reforma de las pensiones. A saber: retrasar la edad de jubilación a los 67 años progresivamente hasta 2027 y fijar en 41 años el periodo mínimo de cotización para que, quien cumpla ese requisito, pueda retirarse a los 65 años (como ahora) cobrando el 100% de la pensión. Esta sería la "flexibilidad" a que se refiere la modificación pactada entre PSOE y CIU que, además, limita el campo de juego de la negociación para los sindicatos que, a partir de ahora, sólo podrán jugar a rebajar esos 41 años.
Los otros criterios de flexibilidad (y por tanto sujetos a negociación con los agentes sociales) ya los expresó el Gobierno en su día y pasan por permitir que se mantenga la actual edad de jubilación para los trabajos especialmente peligrosos o duros, e incluso alargar el periodo de tiempo en el que la reforma estaría completamente en vigor (enpezó con 12 años, pasó a 15 y podría ampliar esa cifra).
La postura del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, asegurando que el informe final de recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo aprobado ayer avala "con una amplia mayoría el esquema que ha planteado el Gobierno", deja bien clara la satisfacción de los socialistas. Gómez además se mostró confiado en que esta votación afecte positivamente "al consenso sobre los principales ejes de la reforma con los agentes sociales en un diálogo que está en su recta final pero aún no se puede dar por concluido".
estrategia La hoja de ruta ahora es jugar a ampliar el periodo para negociar el pacto social y con ello aumentar la presión sobre los sindicatos. Así lo apuntaba el propio ministro que ayer adelantaba que el Gobierno perseverará en sus "esfuerzos" para lograr un consenso en materia de pensiones "tras la aprobación del anteproyecto de reforma de pensiones este viernes en el Consejo de Ministros, algo que se hará en cualquier caso".
El otro pilar socialista de esta negociación, el encargado de convencer a los grupos políticos, Jesús Caldera (ex ministro de Trabajo), también apuntaba hacia la misma dirección. En declaraciones previas al pleno de ayer el ex ministro de Trabajo dijo que "no sería imposible" seguir negociando la reforma de las pensiones con los sindicatos "tras la aprobación del anteproyecto de ley el próximo viernes". La razón técnica para mantener esta posibilidad es que entre el anteproyecto y la ley definitiva habrá negociaciones en el contexto del Congreso que se podrían duplicar fuera de él con los agentes sociales.
