BILBAO. Los últimos acontecimientos en el astillero han disparado los rumores y la incertidumbre dentro del comité de empresa de La Naval. En apenas cinco días se ha confirmado que no se construirá el barco eólico y puesto de manifiesto las dificultades que está encontrando la empresa a la hora de cerrar la financiación de una draga minera adjudicada hace seis meses. Además, la dirección ha transmitido la necesidad de empezar a negociar el tercer expediente de regulación, al tiempo que llama al orden a los sindicatos y socilita paz social en la prensa.

Según los cálculos de la compañía, las próximas semanas se firmarán definitivamente los avales de ese barco y los trabajos -al margen de los de ingeniería, ya en curso- comenzarán en torno a marzo, justo cuando concluye el segundo ERE. Esa coincidencia ha avivado los temores que anidaron en la plantilla durante el proceso de privatización y han sido un compañero más de trabajo durante los cuatro años largos que han pasado desde que el astillero fue vendido a Construcciones Navales del Norte (CNN).

La sospecha de que todo se reduce a una operación urbanística gana peso sin que haya más datos hoy que hace un año. El vacío de la cartera de pedidos alienta las especulaciones que desde hace años hablan de un cierre de la empresa y una recalificación de los terrenos.

Miembros del comité acusan a la empresa de retrasar deliberadamente la contratación del buque minero para hacerlo coincidir con la finalización del ERE vigente. Dicen que la estrategia dilatoria tendría como objetivo convencer al Gobierno vasco de que, aún haciendo todo lo que estaba en su mano, no ha sido posible reanimar el pulso del astillero y se impone la necesidad de activar otro expediente.

motivos para otro ere Se lograría así vencer la hipotética resistencia de la inspección de trabajo, quien, tras aprobar el segundo ERE, comunicó a los sindicatos que era difícil dar luz verde a una tercera suspensión laboral porque sería síntoma de un problema que va más allá de lo coyuntural. Además, hay otros elementos que, a juicio de la plantilla, alimentan los temores de cierre. Según el protocolo de la privatización, los actuales propietarios podrán disponer del terreno sobre el que se asienta el astillero a partir del 1 de diciembre de 2012. La draga que está a punto de contratarse tardará en construirse unos 21 meses, por lo que si se empieza a cortar la chapa en marzo, el buque estará en pruebas más o menos en esa fecha. Demasiadas casualidades, afirman fuentes del comité, que no ocultan en las reuniones con la dirección su "desconfianza" con su gestión. Se suman asimismo otros mensajes, aseguran. En los últimos tiempos, los patronos han incidido en una idea: el alto coste que supone mantener abierta La Naval. Las nóminas suponen 2.100.000 euros cada mes y los gastos en las instalaciones ascienden a siete millones al año. La suma de ambos conceptos arrojan un resultado anual de más de 35 millones, una cantidad suavizada por los dos ERE encadenados hasta ahora.