Madrid. A partir de la reforma de las pensiones, que el Gobierno presentará y aprobará antes del 28 de enero (así se lo ha prometido a Bruselas), la edad formal de jubilación pasará de los 65 a los 67 años. Eso es seguro, lo que falta por concretar definitivamente es en que medida se "flexibilizará" la nueva norma, según anunció Zapatero. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez dio ayer tres pautas claras: podrán seguir jubilándose a los 65 años aquellas personas que contabilicen 36 años o más trabajados y cotizados a la seguridad social; también los que desarrollen trabajos penosos y aquellos que renuncien a parte de su pensión por retirarse antes.

Gómez, en una entrevista radiofónica, explicó que la edad legal de jubilación tras la reforma de las pensiones podría ser inferior a los 67 años para algunos colectivos de trabajadores, "como aquellos que pertenecen a carreras con largos periodos de cotización de 38, 39 o 40 años". La segunda excepción afectaría a aquellos trabajadores que desempeñas oficios "especialmente penosos". En esta categoría podrían entrar, entre otros, mineros, personal que trabaje con productos tóxicos o aquellos que tengan sobreexposición a condiciones climatológicas extremas. Todos ellos podrían jubilarse incluso antes de los 65 años.

Finalmente la tercera excepción que contempla el Gobierno para la futura reforma de las pensiones afectaría a todo trabajador que quiera retirarse antes de tiempo de la vida laboral renunciando a cobrar la pensión máxima que le correspondería. Así, como ya ocurre ahora, podría haber prejubilaciones antes de los 65 renunciando a un porcentaje de la pensión.

objetivo Con estas excepciones el Gobierno busca un doble objetivo, por una parte contentar a las instituciones comunitarias elevando formalmente la edad de jubilación para garantizar a futuro un sistema de pensiones no deficitario, y, por otro lado, salvar las diferencias respecto a otras fuerzas políticas (básicamente el PP) para no asumir en solitario el coste político de una reforma tan impopular. Y parece que lo está consiguiendo ya que a las alabanzas de sus colegas europeos por la "ambición" de las reformas españolas, Zapatero suma la disposición de los populares a pactar los cambios. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ya lo adelantaba ayer asegurando que "hay bases para llegar a un acuerdo en un nuevo modelo de pensiones".

La segunda baza del Ejecutivo para cumplir sus objetivos en ambos campos políticos (Europa y España) es la de aumentar el tiempo mínimo de cotización que necesitarán los trabajadores para acceder al 100% de las pensiones que les corresponderían. Ya está atado con el PP que este periodo pase de los 15 años actuales a un mínimo de 20, aunque Valeriano Gómez ya adelantó ayer que esa cifra podría llegar a alcanzar los 25 años en una segunda fase.

No a las prejubilaciones Durante su intervención de ayer en el Senado, Gómez también habló de que una de las líneas principales de la reforma de las pensiones será limitar la "utilización abusiva" de las fórmulas de prejubilación y jubilación anticipada. Para ello pretende que "bajo ciertas condiciones" no se puedan emplear estas fórmulas, y que, en otros casos, sean las empresas las que paguen una parte de los costes que suponen estas prácticas. No especificó qué condiciones son esas pero sentenció que "la empresa no puede descargar los costes en el sistema de protección social, deben aportar los ingresos correspondientes para compensar el sobrecoste del sistema".