madrid. El Ministerio de Fomento no descarta que se produzcan expulsiones de controladores y posible retirada de licencias, y afirma que pondrá a disposición de la Fiscalía pruebas que puedan destapar la responsabilidad del sindicato de los controladores (USCA).
El responsable de la cartera, José Blanco, lo indicó así en una entrevista, durante la que señaló que las penas derivadas del caos aéreo que vivió España a comienzos del puente de la Constitución "se resuelven a través de la sentencia de un juez". El ministro no quiso "enjuiciar conductas" que no le corresponden, pero indicó que "desde el punto de vista laboral, la suspensión de empleo y sueldo y el despido están previstos".
El responsable de Fomento reflejó que cada sanción es individual, pero aseguró que habrá "desde faltas leves a graves y muy graves". "Habrá casos en los que habrá suspensión de empleo y sueldo; habrá casos, estoy seguro, de expulsión, y puede haber supuestos en los que la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) retire la licencia", añadió. Afirmó que el Ministerio de Fomento pondrá a disposición de la Fiscalía todas las pruebas de que dispone, por si de ellas se derivara "una responsabilidad de la dirección del sindicato" de los controladores (USCA).
Blanco explicó que el papel de investigar no le corresponde al Ministerio. De este modo existe una vía laboral (la relación de AENA con sus controladores) y otra judicial, donde a su vez se abren dos canales: la vía penal, por la cual la Fiscalía reclamará responsabilidades; y la civil, abierta para que todos los perjudicados puedan reclamar.
ante la fiscalía Por otro lado, un centenar de controladores comienza hoy a declarar ante la Fiscalía de Madrid, en la Audiencia Provincial de la comunidad, por un delito de sedición con motivo del abandono de sus puestos de trabajo el pasado viernes, según fuentes jurídicas.
El ministerio público acordó el pasado sábado citar a declarar a aquellos controladores que abandonaron sus puestos para valorar si los hechos pudieran ser constitutivos del delito de sedición previsto en la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea de 1964. El Ministerio argumenta su posición en la finalidad de averiguar "las causas de dicho abandono, dada la gravedad de los hechos y como consecuencia de los informes iniciales elaborados por los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".
Por su parte, la ministra de Defensa, Carme Chacón, indicó que el plante de los controladores tendrá consecuencias laborales "por AENA, penales, civiles, de las empresas". "Nadie puede abusar así de sus privilegios y dejar en la cuneta a tanta gente, además de las pérdidas económicas del turismo", añadió Chacón.
