madrid. El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, que tramita el concurso de acreedores de Marsans, ha acordado embargar bienes por valor de 417,4 millones de euros a los antiguos propietarios del grupo, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, y a los nuevos dueños con el objetivo de cubrir el agujero patrimonial.
En un auto publicado ayer, la juez Ana María Gallego ha aceptado así las medidas cautelares solicitadas por los administradores concursales el pasado 1 de noviembre, que justificaron la medida a la vista de la posible condena a la que se enfrentan Díaz Ferrán, Pascual y la sociedad Posibilitum por la tardanza en presentar el concurso de acreedores de Marsans y el consiguiente agravamiento del abultado déficit del grupo.
La juez considera que existen "indicios" para que se declare la culpabilidad de los antiguos y los nuevos dueños de Marsans, lo que les obliga a pagar con sus bienes las cantidades que faltan a los acreedores. Para la juez, "resulta obvio que Viajes Marsans se demoró al solicitar su declaración de concurso" porque "se encontraba en situación de insolvencia actual meses antes de que se solicitara el concurso", dados los abultados impagos que acumulaba y que llevaron a numerosos acreedores a pedir que fuera declarada en concurso necesario.
Además de la "reseñable falta de liquidez" que afrontaba y que no permitía hacer frente a sus importantes gastos estructurales, la juez también destaca la "grave inexactitud de los datos aportados" por los administradores de Marsans y su "falta de colaboración" para justificar la potencial declaración de culpabilidad.
Entre los "actos y omisiones" que contribuyeron a "agravar la insolvencia" de Vieajes Marsans, la juez Ana María Gallego destaca la contratación de numeroso personal vinculado a Posibilitum algunos meses antes de que se declarara insolvente.
"Ciertamente resulta un dato novedoso, sorprendente y difícilmente explicable que con tal situación económica de la concursada (...) se contrate a una serie de personas con una asignación de salarios desproporconadamente altos", que oscilaban entre los 150.000 y los 500.000 euros brutos, destaca el auto de la juez Ana María Gallego.
