madrid. El próximo día 29, durante la jornada de huelga general convocada por UGT y CCOO, en el conjunto del país circularán entre el 20% y el 40% de los vuelos internacionales inicialmente programados y el 20% de los trenes de Alta Velocidad (AVE). Asimismo, en el sector aéreo, los servicios mínimos pactados entre los sindicatos y el Ministerio de Fomento garantizan el 10% de los vuelos previstos entre aeropuertos peninsulares, y el 50% de los viajes entre la Península y las islas. En materia ferroviaria, la contraprestación a la circulación del 20% de los trenes AVE será que no saldrá ningún otro tren de larga distancia ni regional. En cuanto a los recorridos de Cercanías, Gobierno y sindicatos han pactado una media del 25% de los convoyes que se elevará hasta el 30% en la hora punta de la mañana (entre las 6.00 y las 9.00 horas). En cuanto a transporte en autobús, circularán entre una y tres conexiones (ida y vuelta) entre las distintas ciudades en función del número de frecuencias diarias con que cuenten habitualmente.
Este es el acuerdo al que llegaron en la madrugada de ayer sindicatos y Ejecutivo en un pacto que el titular de Fomento, José Blanco, tildó de "histórico" ya que la del 29-S será la primera huelga general celebrada en la España democrática que cuente con unos servicios mínimos pactados. El mandatario socialista aseguró que se trata de un "buen acuerdo para los españoles, para los sindicatos y para el Gobierno" ya que sienta un "precedente" y "marca una forma de trabajar, a través del diálogo, que ha sido posible gracias a la responsabilidad de CCOO y UGT". El ministro aprovechó para pedir a las Comunidades Autónomas y a los ayuntamientos que sigan este "ejemplo".
"populares" Pero el PP no acepta esta victoria del Gobierno y, ya en pie de guerra, sabotea el acuerdo anunciando que en las comunidades que ellos gobiernan y sobre las competencias que atañen a esos Ejecutivos regionales (sobre todo transporte, sanidad y educación), sus mandatarios impondrán, vía decreto, los servicios mínimos que consideren oportunos. La primera en hacerlo ha sido Esperanza Aguirre en Madrid que, tras suspender las negociaciones con los sindicatos, ha impuesto que el 50% de los transportes dependientes de aquella comunidad (metro incluido) funcionen en hora punta y el 20% el resto de la jornada. En las escuelas infantiles estará en servicios mínimos al menos el 25% de la plantilla, el 35% en Educación especial y en los centros de salud las urgencias deberán funcionar normalmente.
Caminos similares llevan comunidades como Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana o Galicia donde las negociaciones entre las administraciones regionales y los sindicatos están en vía muerta.
Sobre el acuerdo de mínimos alcanzado entre las centrales sindicales y el Gobierno, el PP denuncia que "el grado de exigencia" de los sindicatos con Fomento no fue el mismo que el que han tenido, por ejemplo en Madrid, lo que atribuyen a la "intencionalidad" política que sospechan tras esta negociación
patronales Pero los populares no son los únicos que se apuntan a esa tesis del comadreo de UGT y CCOO con el Gobierno, la patronal también la respalda. El más enérgico en la denuncia fue el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, que considera que el Ejecutivo, tras el pacto de servicios mínimos, "apoya la huelga general y no lucha ni defiende la reforma laboral". "El Gobierno tiene una postura delirante, de complacencia con la huelga. No lo entendemos, aunque lo que parece es que se quiere apuntar un tanto, da igual si fracasa o no la huelga. Si la huelga fracasa dirá que a pesar de haber negociado servicios mínimos bajos no ha triunfado" y si triunfa, se colgará la medalla de que ha mantenido el talante, insinuó Terciado.
Por su parte la CEOE calificó de "insuficientes" los servicios mínimos del transporte pactados ya que, a su entender, no garantizan el derecho al trabajo ni la actividad de las empresas. En un comunicado, la patronal calificó de "positivo" que se haya llegado a un acuerdo en dicha materia, pero cree que el pacto "no es coherente" con la voluntad de los empresarios que deseen abrir su negocio el 29 de septiembre ni con la de los ciudadanos que, según varias encuestas, acudirán masivamente a su puesto de trabajo ese día.
