MADRID. La tarifa eléctrica de último recurso (TUR) -la única que fija el Gobierno y a la que tienen derecho casi 27 millones de hogares y empresas- subirá poco más del 2% en su revisión del 1 de octubre, de acuerdo al resultado de la subasta celebrada ayer. Según fuentes del sector eléctrico consultadas por Efe, el precio final de la energía subastada ayer por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (Omel) para el suministro a tarifa en el último trimestre del año supera en torno al 4,5% el registrado en el periodo anterior.

Para el cálculo de la TUR se tiene en cuenta el resultado de las subastas de energía, los impuestos y los peajes de acceso, que son los encargados de sufragar los costes regulados del sistema eléctrico y que fija el Gobierno. Teniendo en cuenta el resultado de la subasta y que el Ministerio de Industria ha propuesto congelar los peajes para la revisión tarifaria de octubre, las fuentes consultadas calculan que la TUR subirá en torno a un 2%.

Desde el el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, su titular Miguel Sebastián, insistió en que el pacto con el PP en materia de política energética continúa "en vigor" y apuntó que espera contar con el apoyo de este partido para aprobar la ubicación del futuro almacén de residuos nucleares.

En respuesta a una pregunta de la senadora del PP María Carmen Riolobos, Sebastián defendió que la previsible subida de la tarifa eléctrica de último recurso (TUR) en octubre no será responsabilidad del Gobierno, sino de la evolución del precio de la energía en el mercado.

Sebastián afirmó por eso que la posible subida de la luz "se deberá al mercado" y añadió que espera que el PP no cuestione la subasta.

Durante su intervención, Riolobos aseguró que el PP se ha opuesto a todas las subidas de la luz y tachó de "falso" el acuerdo apuntado ayer por el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, para trasladar la evolución del coste de la energía a la tarifa eléctrica. Por su parte, Sebastián insistió en que PP y el Gobierno "siguen hablando" y, en ese sentido, solicitó el apoyo de este partido para aprobar la ubicación del almacén temporal centralizado (ATC) para los residuos nucleares porque, de no hacerlo, el sistema eléctrico tendría que pagar una multa de 60.000 euros al día.

Mientras, el coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, dijo ayer que duda que su partido vaya a alcanzar un acuerdo en materia energética con el Gobierno, ya que el Ejecutivo se niega a corregir su política en este terreno.

Montoro aseguró que seguirán reuniéndose con el Gobierno, pero que no alcanzará un acuerdo mientras el Ejecutivo no rectifique su política y siga tomando decisiones "de forma unilateral".

Montoro también se refirió a las declaraciones del secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, quien aseguró que el Gobierno había pactado con el PP trasladar a la tarifa eléctrica de último recurso (TUR) el resultado de la subasta que fija el coste de la energía, lo que éste partido negó poco después.

Para Montoro, "al Ejecutivo le tiemblan las piernas a la hora de tomar decisiones", ya que su política "no es una respuesta ordenada y coherente" a los problemas energéticos y por eso "se ha llegado a este punto", dijo el coordinador económico del PP, quien aseguró que desde que gobierna el PSOE la subida de la tarifa eléctrica ha sido del 70% y han disparado el déficit tarifario en 14.000 millones de euros.