PARÍS. La Dirección General de la Aviación Civil (DGAC) había pedido a las compañías aéreas la supresión de la cuarta parte de los vuelos habitualmente programados en los dos aeropuertos de París, atendiendo a los controladores aéreos que se habían declarado en huelga.
En los trenes, desde primera hora se cumplían la previsiones de la compañía estatal SNCF, lo que significaba que sólo estaban en servicio dos de cada cinco trenes de alta velocidad (TGV), uno de cada cuatro del resto de convoyes de largo recorrido o la mitad de los regionales.
Los Eurostar que enlazan París con Londres eran los únicos que se mantenían normalmente, mientras en los Thalys que comunican París con Bélgica, Holanda y Alemania, se habían suspendido uno de cada cinco de los programados habitualmente, al igual que uno de cada diez de los Lyria que van de la capital francesa a Ginebra y Lausana (Suiza).
La Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) había tenido que anular todos los trenes de noche, lo que incluye los Talgo que comunican París con Madrid y Barcelona (España).
En la capital francesa, el sistema de transporte urbano estaba algo menos alterado de lo que se temía, con una circulación prácticamente normal en la mitad de las 14 líneas de metro.
Los problemas eran mucho más importantes en los trenes de cercanías, de forma que no había casi ningún convoy en el corredor del RER B, que atraviesa la ciudad de norte a sur y conecta con los dos aeropuertos.
Las alteraciones en el transporte público tenían un impacto directo en el tráfico rodado, y así desde antes de las ocho hora local en las carreteras y autopistas de la región de París se contabilizaban 200 kilómetros de retenciones.
La convocatoria de huelga lanzada por los principales sindicatos del país, que cuenta con el apoyo de más del 60 por ciento de la población -según encuestas recientes-, pretende tumbar la reforma de las pensiones, cuyo debate parlamentario se inicia hoy.
Para el presidente francés, Nicolas Sarkozy, como él mismo ha dicho se trata la reforma más importante de su mandato y el punto principal es retrasar la edad mínima de jubilación de 60 a 62 años, con un aumento de 65 a 67 años para aspirar a una pensión completa.
El verdadero reto para los sindicatos es conseguir en las alrededor de 200 manifestaciones organizadas por todo el país saquen a la calle a más de los dos millones de personas, que fue la cifra que dieron en la anterior huelga por las pensiones el pasado 24 de junio.
