madrid. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho aseguró ayer que su voluntad y también "la sensibilidad" del Gobierno es intentar salvar la partida de los 420 euros mensuales para los parados que hayan perdido la prestación "por encima de cualquier otra". Durante una entrevista en RNE, Corbacho subrayó que el ajuste tan duro que lleva a cabo el Gobierno "hace que prácticamente no haya ni una sola partida que no se analice por el Ejecutivo", pero indicó que esta medida está cumpliendo "una función social muy importante", por lo que aseguró que seguirá defendiendo su mantenimiento. "Los ajustes son muy duros pero espero que no se toque esta partida", sentenció Corbacho, quien añadió que no puede garantizar que sea así cuando se hagan los Presupuestos para 2011.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, el ministro afirmó: "No deberíamos tocarlas de ninguna manera porque, junto con otros tipos de prestación constituye la red de protección social para quienes se han quedado en el paro sin las cuales el clima social en la calle sería radicalmente diferente". No obstante, ha dijo que cuando España empiece a salir de la crisis debe hacer una revisión en profundidad de las políticas pasivas de empleo en relación con las activas.

En este sentido, recordó que la situación de desempleo es de transición y que "a veces" ha existido la cultura de que se tiene derecho a la prestación por paro de forma pasiva y estática. En su opinión, si se cobra el paro durante dos años se entra en riesgo de desincentivar la búsqueda de empleo y de que el trabajador "se convierta en un parado de larga duración".

reforma Preguntado si la tramitación de la reforma laboral hace que los empresarios hayan cerrado el mercado de trabajo a la espera de que se produzcan las modificaciones, Corbacho respondió que "no sucede" y que no existe inseguridad jurídica, porque la reforma tiene eficacia desde que se publicó en el BOE.

En relación a las causas del despido objetivo, uno de los puntos más polémicos, dijo que durante la tramitación del decreto ley se enriquecerá el texto actual. En este sentido explicó que cuando una causa económica sobrevenida obligue a una empresa a hacer los ajustes pertinentes y después corra el riesgo de cerrar si ajusta la plantilla de forma "objetiva, razonada y razonable" y el juez lo certifica "estaríamos delante de un despido objetivo".