madrid. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) y Gestha, asociación de técnicos del Ministerio de Economía, aseguraron ayer que el trato que se está dando a los presuntos defraudadores de miles de millones de euros a través de cuentas opacas en Suiza "es escandaloso e injusto" y supondrá en la práctica una "amnistía fiscal". Se referían a que la Agencia Tributaria en vez de sancionar, se ha limitado a enviar un requerimiento a los titulares de unas 3.000 cuentas bancarias en Suiza a nombre de ciudadanos españoles solicitando, símplemente, que se pongan al día con Hacienda. Ante esta falta de contundencia, Gestha anunciaba que estudia acciones legales contra el ministerio.

Según argumentaron los inspectores de IHE en un comunicado, la Agencia Tributaria, en lugar de haber iniciado inspecciones a los presuntos defraudadores o, en su caso, haber puesto en conocimiento de la autoridad judicial los presuntos delitos fiscales cometidos, se ha limitado a "requerir" a estos contribuyentes para que presenten declaraciones complementarias. Con ello, explican, evitan su responsabilidad penal e incluso las sanciones administrativas, sustituyéndose todo ello por un recargo que no excede del 20% de las cuantías presuntamente defraudadas. "Estas actuaciones suponen un escandaloso privilegio para unas personas que presuntamente han incumplido gravemente sus obligaciones fiscales", añaden.

Por tanto, en la práctica, "Hacienda permite a estos contribuyentes regularizaciones, incluso parciales, y les pone sobre aviso de la información de que dispone la Administración Tributaria". "De producirse regularizaciones, probablemente serán sólo parciales, no aflorando estos defraudadores más que los importes que la propia Agencia Tributaria les informa que conoce", apostillaron.

Además, este colectivo apunta que si desde instancias gubernamentales se ha justificado el trato fiscal a las SICAV con el argumento del riesgo de deslocalización y de fuga de capitales si se endurece su régimen fiscal, por este mismo motivo "se debería ser especialmente duro e implacable con unos contribuyentes que han deslocalizado sus capitales ilegalmente, con un gravísimo perjuicio a la economía".

respuesta Por su parte la Agencia Tributaria se defendió asegurando que los requerimientos efectuados no son "un perdón o un trato de favor", ni tampoco "una simple invitación a declarar". En un comunicado, el organismo adscrito a Economía y Hacienda concreta que entre las posibles consecuencias de la investigación se encuentran eventuales sanciones a los titulares de las cuentas y añade que no es aplicable en este caso el régimen de recargos previsto para las declaraciones espontáneas. "Aquellos contribuyentes que no regularicen adecuadamente su situación en el plazo incluido en el requerimiento serán objeto de comprobaciones inspectoras que podrán culminar en acciones penales".

"La AEAT quiere transmitir que la colaboración entre los países del G-20 y de la OCDE contra los países con opacidad fiscal está avanzando con rapidez, siendo compartida por todos la información que obtiene cada uno de dichos países", sentenció la Agencia Tributaria.