Madrid. El Gobierno y el PP acordaron ayer suspender la subida de la luz prevista para julio como paso previo a poder alcanzar un pacto en materia energética y para lo que, en un primer momento, se centrarán en revisar en profundidad todos los costes que soporta el sistema eléctrico. Esta decisión fue acogida con alivio escéptico por parte de las asociaciones de consumidores, mientras la patronal del sector la criticó duramente diciendo que la medida es "muy grave".

En rueda de prensa conjunta, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, confiaron en poder alcanzar un pacto lo antes posible y aseguraron que se sentarán a negociar "sin líneas rojas". Sebastián pidió al resto de partidos que se sumen al acuerdo y aseguró que los representantes de CiU con los que ha hablado ya le han mostrado su predisposición a hacerlo.

"Como se van a revisar todos los costes del sistema, no tendría sentido actuar por el lado de los ingresos, que es lo que vamos a dejar para el final", explicó Sebastián para justificar la decisión de suspender la subida de la tarifa de último recurso (TUR) prevista para el 1 de julio, aunque puntualizó que esto no implica que no pueda subir en el futuro.

Grupo de trabajo Entre los costes regulados a revisar se encuentran las primas a las energías renovables, que estaba previsto que se modificaran antes del 1 de julio, un plazo que ahora queda descartado.

En el grueso del debe de la factura eléctrica, también figuran los gastos asociados a la distribución y el transporte de la electricidad, a los que habría que añadir los costes de generación (cuyo precio se fija en el mercado libre).

Gobierno y PP han creado un grupo de trabajo que, además de revisar los costes para mitigar su impacto sobre la competitividad en la industria, abordará la definición de un mix energético para 2020 "equilibrado y diversificado" y el desarrollo de las interconexiones internacionales. También se centrará en profundizar en la liberalización de los mercados, en el reforzamiento de las políticas de ahorro y eficiencia energética y en las medidas necesarias para lograr el cumplimiento de los objetivos en energías renovables de una "manera sostenible técnica y económicamente".

Además trabajarán en el desarrollo de la seguridad nuclear y la gestión de los residuos nucleares, por lo que la decisión final sobre la ubicación del ATC podría sufrir retrasos en el calendario previsto.