MADRID. Esta es la primera vez que en la historia en la que las asociaciones pertenecientes al Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) denuncian ante el Constitucional que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva al negar la legitimidad que ostentan las asociaciones para representar a los consumidores ante los tribunales.
La asociaciones, encabezadas por Ceaccu, alertan de que la decisión de la Audiencia Nacional puso en juego el papel de las asociaciones para ejercer como acusación particular en los procesos penales. Una legitimidad que resultó crucial en el 'caso de la Colza' y que está reconocida en otros procesos como el de Fórum Filatélico y Afinsa.
El pasado 5 de abril la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó el recurso de queja presentado por Ceaccu contra el auto dictado por el juez Santiago Pedraz el pasado 12 de enero, que desestimó la demanda y se negó a abrir diligencias de investigación contra Air Comet por presunta estafa por seguir vendiendo billetes a pesar de conocer que iba a cerrar.
De esta forma, la Audiencia Nacional dejó la apertura de cualquier investigación en manos del fiscal Daniel Campos, quien mantiene abierta una investigación contra la aerolínea desde el pasado 22 de enero tras concluir que existían indicios de "conducta defraudatoria" contra "un gran número de personas" y que podrían derivar en denuncia.
En su auto, la Sala, que "no entró a valorar" los hechos denunciados, concluyó que Ceaccu no podía ejercer la acusación particular si no entregaba un poder notarial de representación de cada uno de los afectados. Por otro lado, le dio la posibilidad de ejercer la acusación popular mediante el depósito de una fianza.
La presidenta del CCU, Francisca Sauquillo, se mostró en contra de esta negativa al considerar que se vulneró el principio 'pro actione' de las asociaciones recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), en la jurisprudencia del Constitucional y en la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
El pasado 23 de diciembre, un día después del cierre de la aerolínea derivado de su situación de insolvencia, las asociaciones de consumidores denunciaron a los propietarios de Air Comet Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual por presunta estafa.
Las asociaciones presentaron un listado de 400 pasajeros afectados que compraron billetes el 19 de diciembre, incluso los días 20 y 21 del mismo mes, cuando la compañía ya conocía que un juez de Londres le había embargado sus 13 aviones por el impago de 17,5 millones de euros al banco alemán Nord Bank, con el que tenía un crédito para el pago del alquiler.
