MADRID. Además, avisó de que las causas alegadas por la empresa para acometer este despido deberán ser demostradas, igual que ocurre en la actualidad. "La tutela judicial efectiva no puede desaparecer de ninguna de las maneras", subrayó el ministro.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Corbacho negó que la intención del Gobierno sea delimitar la capacidad de intervención del juez ante estos despidos, sino concretar "algunos conceptos" que actualmente son genéricos. Así, puso como ejemplo, incluir en la norma como causa económica que justificaría un despido de este tipo el que una empresa incurriera en pérdidas durante al menos seis meses.
Corbacho explicó que el documento que hoy entregarán a sindicatos y empresarios y la próxima semana a los grupos parlamentarios no contendrá grandes novedades respecto al original, sino que recogerá el "grueso" de éste. Eso sí, apuntó que se introducirán algunas precisiones en aquellos casos en los que para una medida concreta se hubieran barajado varias opciones durante el proceso negociador.
Como ejemplo, señaló que se llegó a hablar de limitar a dos años y seis meses o a dos años y doce meses la duración del contrato de obra o servicio, y la idea, al final, será la de dos años y doce meses (estos últimos siempre que haya acuerdo en la negociación colectiva).
Fuentes del Gobierno precisaron que el documento del que se les hará entrega no incluirá previsiblemente la propuesta sobre las causas de los despidos objetivos porque quedan aspectos por definir, como el tiempo en que una empresa debería estar en pérdidas para poder acogerse a este despido, si se computa el patrimonio empresarial a la hora de computar las pérdidas, o si se tiene en cuenta las pérdidas de la empresa en su conjunto o del centro de trabajo.
POSICION "FIRME" EN ALGUNAS MATERIAS.
Aunque Corbacho señaló que el Gobierno estará abierto a las aportaciones que puedan hacer los Grupos Parlamentarios, dejó claro que la posición del Ejecutivo es "firme" en algunas materias y que entiende que hay una serie de cosas que deben configurar el "núcleo central" de la reforma laboral.
Así, el ministro apuntó a la flexibilidad interna y externa, donde se incluye el modelo alemán, y al contrato de fomento del empleo estable (33 días de indemnización por despido), como dos de los puntos a los que el Gobierno da más importancia en esta reforma laboral.
Respecto a la flexibilidad, pidió que ésta no se identifique con precaredad y subrayó que aquí el objetivo es conseguir una mayor flexibilidad para las empresas, dando al mismo tiempo seguridad a los trabajadores.
El otro punto esencial, según Corbacho, es el de combatir la dualidad del mercado laboral entre temporales e indefinidos y, para ello, lo que quiere el Gobierno es hacer más atractivo el contrato de fomento del empleo estable dando seguridad jurídica al empresario, certeza "en su recorrido y extinción" y garantías al trabajador de que esa relación contractual siempre será mejor que una temporal.
"Por eso apostamos por el contrato de fomento en su máxima extensión posible, reduciendo a la vez los costes de éste cuando se tenga que extingir", alegó el ministro, quien reiteró que la reforma laboral va dirigida a sentar las bases de futuro, no a crear empleo de manera inmediata.
Respecto a la intermediación laboral, Corbacho cree que deben fijarse unas reglas para que las empresas privadas puedan participar en ellla, pero siempre sabiendo que la atención tendrá que ser gratuita, que mediarán con todos los parados y no sólo con los cualificados y que la idea no es que esto sea un modelo dual, sino de concertación entre lo público y lo privado.
EL GOBIERNO NO HA HECHO DE MEDIADOR.
Corbacho no quiso culpar a ninguna de las partes del fracaso de las negociaciones y destacó el esfuerzo y el empeño puesto por el Gobierno en un acuerdo que, finalmente, no fue posible. Ahora, dijo, se inicia la fase de negociación con los grupos parlamentarios para buscar el mayor apoyo posible de cara al debate de convalidación del decreto, que con casi toda seguridad se producirá el 22 de junio.
Por otro lado, y tras asegurar que el diálogo social no se acabará en este episodio, el ministro negó que el Gobierno haya ejercido "nunca" de mediador en esta negociación, sin asumir un papel más activo, acusación que se la ha hecho desde las filas sindicales.
"El Gobierno ha sido la parte central del diálogo", manifestó Corbacho, quien recordó que fueron sindicatos y empresarios los que, llegado un punto, pidieron al Ejecutivo desarrollar entre ellos un diálogo paralelo al tripartito para desbloquear aquellos temas más complejos. EP
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