madrid. El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, advirtió ayer de que los sindicatos convocarán una huelga general en España si el Gobierno aprueba una reforma laboral que no actúe sobre los "problemas centrales del empleo", como son el paro y la temporalidad, y que resulte "lesiva" para los derechos de los trabajadores por la vía del abaratamiento del despido y su descausalización.

Ferrer, en declaraciones a Onda Ceros, recordó que, al igual que en el caso de CCOO, el máximo órgano entre congresos de UGT ha mandatado a la Comisión Ejecutiva del sindicato a que proceda a la convocatoria de una huelga general si el Gobierno aprueba el próximo 16 de junio una reforma que lesione los derechos de los trabajadores.

Pese a que el miércoles, tras una nueva reunión del diálogo social, los agentes sociales y el Gobierno emitieron un comunicado conjunto en el que reconocían avances en algunas materias que se están discutiendo en la mesa de negociación, Ferrer señaló hoy que hay "verdaderas dificultades" para llegar a un acuerdo por las posiciones "maximalistas y radicales que mantiene la CEOE tanto en lo que respecta a la entrada al mercado laboral como a la salida y la permanencia en el empleo". "Entendemos que es tiempo de negociación pero a la vez somos conscientes de que las posiciones que mantiene la patronal de debilitar la regulación laboral introducen verdaderas dificultades para llegar a un acuerdo", subrayó.

Es más, el dirigente sindical dijo tener la impresión de que esa "especie de conjunción astral" que parecen haber conformado organismos e instituciones como el FMI, la OCDE o la UE en favor del abaratamiento del despido "está dando aliento a las posiciones maximalistas y más radicales de la patronal". Ahora bien, Ferrer confió en que los empresarios reflexionen antes de que se apure el plazo para la negociación.

por la prensa El secretario de Acción Sindical de UGT, que afirmó haberse enterado por la prensa de que la reforma laboral se aprobará el día 16 con o sin acuerdo social, insistió en que el abaratamiento del despido "no es la reforma laboral que necesita España". "Con un mercado laboral de 4,6 millones de parados y una altísima temporalidad parece un poco sarcástico que la discusión sea el coste del despido, sus causas o delimitar el control judicial, en lugar de cómo dar oportunidades a las personas de desempleados", apuntó.