BILBAO. Con estas movilizaciones, con motivo de la conmemoración mañana del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, se demandará la creación de un fondo de compensación económica para los afectados, así como la necesidad de regulación sanitaria específica de las personas que han trabajado con el amianto. De este modo, la asociación reivindica un plan de vigilancia de la salud específica tanto ocupacional como postocupacional para la detección precoz de la enfermedad producida por el amianto, la identificación de la población de alto riesgo, la unificación de criterios para la misma enfermedad y el establecimiento de un registro "fiable" de afectados por parte de Osakidetza. Además, los afectados reclaman al Departamento de Trabajo y Osalan que se controle el cumplimiento protocolo de vigilancia de la salud de trabajadores expuestos a amianto por parte de las empresas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), ocupacionales y postocupacionales. También piden su aplicación en empresas en las que se haya detectado algún caso de afectados por enfermedades relacionadas con el amianto.
En la misma línea, abogan por someter a estos trabajadores al protocolo de vigilancia de la salud para riesgo de exposición a amianto y, si hay nuevos afectados, abrir una investigación de la exposición laboral y remisión del expediente al Instituto Nacional de la Seguridad Social para la tramitación de la enfermedad profesional.
En el caso de empresas ya desaparecidas, consideran que Osalan debe solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social los datos de los trabajadores que prestaron servicios en estas empresas en las épocas en las que presumiblemente existió la exposición laboral a amianto y, una vez identificados los trabajadores expuestos, aplicar el protocolo existente.
Otra de sus reivindicaciones es la elaboración de un mapa de amianto a partir de los casos detectados, estableciendo las empresas en la que se ha utilizado o en las que "aún hay amianto".
En función de los datos aportados por la asociación vasca, en lo que va de año han fallecido a causa del contacto con amianto "seis nuevas víctimas", el último de ellos un trabajador de 63 años empleado de CAF el 15 de abril.
La OIT, explicó, estima que cada año fallecen en el mundo 100.000 personas por esta causa y en Euskadi en los próximos 25 años podrían morir entre 8.000 y 10.000 personas.
"El amianto se utilizó como aislante en las décadas de los 60, 70 y 80 y no se prohibió hasta el año 2002. El 70 u 80 por ciento de las empresas de la zona han tenido relación con este material cancerígeno", advirtió.