vitoria. Aunque el mismo ministro Corbacho se empeñó en restar valor y calificar de "síntesis" el documento de conclusiones que entregó en la tarde de ayer a sindicatos y empresarios en el marco del diálogo social, la reforma laboral va tomando forma, y aunque no incluye propuestas cerradas, ya que se limita a hacer algunas consideraciones de carácter general, sin ninguna precisión ni plazos, lo más llamativo es la posibilidad de introducir en el Estado español el denominado modelo austriaco (vigente en ese país desde 2002) y el abaratamiento del despido -sin recortar derechos, reza el documento-.

Para fomentar la estabilidad del empleo y la movilidad sana, El Ejecutivo plantearía medidas como la exención de parte de los costes de los despidos colectivos y objetivos con carácter transitorio y excepcional, si bien la principal novedad haría alusión a extender la posibilidad que actualmente contempla el Estatuto de los Trabajadores para empresas de menos de 25 trabajadores, para las que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) cubre el 40% del coste de los despidos procedentes. Respecto al modelo, el documento entregado para su estudio avanza la posibilidad de que las empresas constituyan un fondo para cada trabajador del que se nutriría la indemnización a la que el empleado derecho en caso de despido. La particularidad es que si el trabajador cambia de empresa, ese fondo mantiene la cuantía acumulada y se va con él a su nuevo trabajo. De esta forma se pretende facilitar la movilidad laboral, dado que la indemnización en caso de despido no guardaría relación sólo con la antigüedad del trabajador en la última empresa que lo haya empleado. "Una mayor movilidad permitiría casar mejor la oferta y la demanda de empleo", dice el documento.

Respecto a la segunda, el Ministerio de Trabajo quiere abaratar la media de los despidos con un mayor uso del contrato de fomento del empleo "sin que ello implique que la indemnización por este último sea inferior a 33 días". Cabe significar que este contrato sólo se utiliza en la actualidad para los jóvenes de entre 18 y 29 años, los parados de larga duración, los mayores de 45 años y los minusválidos.

Toda vez que se puede entender que estos contratos temporales no propician la productividad de los empleados, los agentes sociales y el Gobierno pretenderían incentivar la contratación indefinida haciendo un mayor uso del precitado contrato de fomento del empleo. Por ello la propuesta consistiría en aumentar las bonificaciones por la contratación indefinida de jóvenes de 16 a 30 años y la bonificación por la conversión de contratos en formación y en prácticas en contratos indefinidos, siempre que eso se traduzca en una ampliación de la plantilla fija de la empresa.

Formación Entre las propuestas que el Gobierno español presentó, figura también la ampliación de la edad límite de los contratos para la formación de 21 a 24 años y la exención de cotizaciones para este tipo de contratos, así como la financiación pública de la parte formativa en empresas de menos de 50 trabajadores. Además, se mejorarían los salarios de este tipo de contratos, que darían derecho a desempleo. También para reducir el elevadísimo paro juvenil, el Gobierno estatal considera necesario articular un programa específico de empleo para jóvenes de 16 a 24 años que carezcan de formación.

Las conversaciones se han agilizado en las últimas semanas -incluso ha habido encuentros bipartitos Gobierno-sindicatos- por cuanto Corbacho espera tener un acuerdo cerrado a final de mes.