Madrid. El Gobierno anunció ayer el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) elaborado por el ministerio de Fomento con el que persigue dar trabajo a las constructoras en cuya elaboración ha estado muy presente la necesidad de recortar el gasto público para reducir el déficit. El proyecto acelerará y adelantará la construcción de líneas ferroviarias de Alta Velocidad (AVE) y de carreteras.
Un plan estrella al que se destinarán 17.000 millones de euros durante 2010 y 2011, 2.000 millones más de lo que se esperaba, dentro del plan extraordinario de inversión del Ministerio de Fomento para los próximos tres años. No obstante, se ha ideado una "novedosa fórmula" de financiación público-privada que supone, en palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la "mayor estrategia de colaboración público y privada en la historia de España". Según esta fórmula, las compañías concesionarias asumirán en un principio la financiación de las obras, mientras el Estado las empezará a pagar a partir de 2014 en cuotas anuales.
De los 17.000 millones de euros que ha previsto invertir el departamento que dirige José Blanco, 12.000 se invertirán en ferrocarril y 5.000 millones en carreteras. Más de la mitad del presupuesto total corresponde a obra nueva. En total, los trenes acapararán un 70% del monto total de inversión y las carreteras el 30% restante. Asimismo, un 65% corresponde a obra nueva y, el resto, a trabajos de conservación y mantenimiento. Un presupuesto que equivale a un 1,7% del PIB, según destacó Zapatero, durante su presentación en la que estuvo acompañado por los titulares de Economía, Elena Salgado, y de Fomento, José Blanco.
El jefe del Ejecutivo enmarcó el programa en "la "hoja de ruta" del Ejecutivo para superar la crisis", al no tener que aportar el Estado ningún importe hasta 2014, fecha en que está previsto que comiencen a ponerse en servicio los proyectos. Este hecho y el sistema concesional por el que se contratarán las obras evitará que la inversión compute en déficit. Así, serán las constructoras y entidades financieras (tanto privadas como el BEI y el ICO) las que adelantarán la inversión para construir infraestructuras, que posteriormente el Gobierno les devolverá mediante un canon anual durante un periodo de 30 en los proyectos de carreteras y de 25 años en los ferroviarios.
El Ministerio de Fomento, promotor del plan, se ha garantizado su financiación al asegurarse el respaldo previo del sector de la construcción y financiero. Así en los próximos días firmará convenios con el ICO, la AEB y la CECA, según anunció el titular del departamento, José Blanco.
apoyo de las constructoras Los presidentes de las constructoras y de las patronales mostraron ayer su alegría por el plan. Así lo aseguró el presidente de la asociación de constructoras de obra pública (Aerco), Javier Sáenz de Cosculluela, quien se mostró "contento y agradecido" porque el plan pone énfasis en la participación de las empresas medianas -a las que él representa- en las licitaciones de infraestructuras.
Desde las propias constructoras, el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, valoró el plan porque "la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructuras es evidente", ya que son "la locomotora que tira de la situación económica".
Por su parte, las organizaciones Ecologistas en Acción y Greenpeace criticaron el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) presentado por el Gobierno al considerar que es un "descomunal timo a la sociedad española" y que supone una "subvención al cambio climático.
