BILBAO. Iberdrola sigue ganando batallas en la guerra que mantiene con ACS y ayer la junta de accionistas de la compañía presidida por Ignacio Galán le dio con la puerta en las narices a la sociedad controlada por Florentino Pérez al votar que ACS es una compañía que "competidora directa en numerosos mercados en las áreas de energías renovables e ingeniería" por lo que cesaron al consejero propuesto por la constructora, el vasco José María Loizaga, el histórico hombre de Mercapital, una de las sociedades pioneras en entrar y salir de empresas, a los pocos minutos de su designación.

Eso sí, la guerra se cobró la prima baja sensible en las filas vascas. El vicepresidente de Iberdrola, Juan Luis Arregui, presentó su dimisión y comunicó que no optaría a la reelección como consejero minutos antes de iniciare la Junta de Accionistas para evitar que su posición como presidente de Ence, una papelera que utiliza los resto de la madera de su proceso productiva para generar electricidad a través de la biomasa, se pudiese considerar que entraba en competencia con las actividades de Iberdrola. Esta dimisión ya tuvo un antecedente días pasados en la filial Iberdrola Renovables pues uno de sus consejeros, el presidente de Tubacex, Álvaro Videgain, también presentó su dimisión por serlo asimismo de la ingeniería vasca Sener, volcada en el sector energético termosolar.

Tras la derrota por las votaciones de la mayoría de accionistas, ACS ha decidido que llevaría la guerra a otro frente: el de la justicia. Intentará ganar en los tribunales lo que no pudo ayer ante la oposición de la mayoría de accionistas.

El secretario del consejo de ACS, José Luis del valle, que defendió la petición de entrar al consejo de la eléctrica, comunicó posteriormente que impugnará el acuerdo de la Junta de Accionistas de Iberdrola, celebrada ayer en el palacio Euskalduna de Bilbao , por el que se cesó a su representante José María Loizaga como miembro del consejo de administración, nombrado momentos antes en virtud del sistema de representación proporcional.

Además, en la Junta, a propuesta del consejo, también se aprobó reducir de 15 a 14 los miembros de este órgano, y deja sin vacantes el citado órgano de gobierno de la sociedad. Esta reducción encarece el capital social mínimo para poder optar a un puesto en virtud del derecho proporcional, pues lo eleva del 6,6 a 7,1%.

En la Junta, tras el golpe de efecto de la dimisión de Arregui que dejó sin parte de munición a la intervención de ACS, el consejo de Administración de Iberdrola alegó, con el respaldo de sendos informes de Pricewaterhousecoopers y de catedráticos de derecho mercantil, que existe un "conflicto estructural y de competencia directa y permanente" entre Iberdrola y la constructora para impedir su entrada en el consejo. La expectación levantada por el enfrentamiento entre dos formas de entender los negocios y el trabajo de Iberdrola para asegurarse el mayor respaldo posible frente al accionista madrileño permitió que la Junta alcanzase un quórum histórico de casi el 80%. En concreto el del 79,59% del capital social de Iberdrola estuvo presente o representado. Un problema añadido para las pretensiones de Florentino Pérez es que la mesa de la junta representaba el 63,3% del capital frente al 12,1% de ACS, con el añadido de que al estar en vigor la actual normativa de Ley de Sociedades Anónimas, la constructora sólo tenía derecho a votar por el 10% del capital por los que sólo con los votos de BBK y Bancaja perdía cualquier votación.

Como era previsible, ACS no iba a quemar a sus dos máximos candidatos a entrar, si se diese el caso ahora harto improbable, en el consejo de administración de Iberdrola que no eran otros que Pedro López Jiménez y el citado José Luis del Valle, y optó por el semijubilado empresario vasco, José María Loizaga, un hombre con merecida fama de especulador y de troceador de empresas como recuerdan antiguos trabajadores de Unión Cerrajera o Corporación Alimentaria Ibérica. Este nombramiento provocó la inmediata reacción de algunos de los accionistas de Iberdrola que tomaron la palabra, y, al menos tres, entre ellos, el abogado Ramón Hermosilla, y el catedrático de Derecho Mercantil, Juan Ignacio Pineda, reclamaron el cese de Loizaga como así refrendó la junta.

José Luis del Valle, que acusó la labor del consejo de Iberdrola de "obstruccionista" ante ACS anunció que la empresa impugnará la Junta de Accionistas ante el juzgado de lo Mercantil de Bilbao y desmintió que se plantease recurrir a la vía penal.