madrid. Las familias españolas serán las más perjudicadas por la próxima subida del IVA y las que soportarán un mayor esfuerzo fiscal como consecuencia de su estructura de gastos, según un estudio de la Fundación Acción Familiar y la Universidad Complutense de Madrid. El trabajo, que acaba de publicarse, determina en qué medida el aumento del Impuesto de Valor Añadido aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para 2010 repercutirá sobre las unidades familiares.

A partir de julio próximo, el IVA general se elevará dos puntos, hasta el 18%, el reducido un punto, hasta el 8%, y el superreducido se mantiene en el 4%.

Según la coautora del estudio, María Teresa López, los gravámenes son iguales para todos los consumidores, pero las parejas con hijos compran "de modo más acentuado" los productos con los tipos de IVA más elevados.

López consideró que esta medida "no sólo no constituye una política de apoyo o protección a la familia, sino todo lo contrario".

"No es justo que tengan que ser ellas las que financien la subida, sobre todo cuando juegan un papel redistributivo entre generaciones y actúan como un colchón de protección social que el Estado sería incapaz de asumir", añadió la directora de la cátedra de Políticas de Familia de la Complutense-Fundación Acción Familiar.

Las familias dedican casi un 30% a vivienda, agua, electricidad y gas, un 15% a alimentos y bebidas no alcohólicas, y casi un 14% a transporte, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, en la que se basa el trabajo de la Fundación. Además de la estructura de gasto, explicó López, el impuesto sobre el consumo es regresivo por definición y las familias tienen menor capacidad de ahorrar porque gastan más que un individuo solo; por tanto, aunque el tipo nominal sea igual, el tipo efectivo (esfuerzo fiscal) no lo es.

Los resultados del estudio "IVA y Familia en los presupuestos Generales del Estado 2010" reflejan que las parejas con tres o más hijos pagan el mayor tipo efectivo (9,37) frente al menor de la persona sola de 65 o más años (7,29).

Según las autoras del informe, firmado por López y la profesora Mónica Gómez de la Torre del Arco, las escasas políticas de apoyo a la familia en España se llevan a cabo, sobre todo, en prestaciones de carácter universal y la mayoría están dirigidas a familias cuyas rentas se sitúan por debajo del umbral de la pobreza.

También hay servicios sociales que se concretan en apoyo a domicilio, centros de orientación familiar, servicios de guardería etcétera, que se aplican desde las administraciones autonómicas o locales, generando, de esta manera, "derechos diferentes en función del lugar de residencia de la unidad familiar".