En medio del incómodo debate que genera la incertidumbre sobre la capacidad de España para salir de la crisis las dudas surgen en todos los ámbitos, también en el de la gestión del Gobierno central e incluso en su propia estructura. Suena música de reforma en la pensiones y en el mercado laboral. La letra de momento es sólo un susurro porque el Ejecutivo avanza por ese terreno titubeante, a golpe de globo sonda, sin exponer ideas bien definidas y presionado por la necesidad de llegar a acuerdos con otros partidos y agentes sociales.

Mientras el déficit del Estado crece sin control. Las emisiones de deuda se multiplican para hacer caja al tiempo que el Ejecutivo apuesta por la austeridad y el ahorro. La competitividad y la innovación se sitúan en el eje del cambio de modelo productivo y el discurso oficial coloca en primera línea de fuego a los sectores que generan valor añadido. Industria y tecnología se dan la mano y avanzan por ese camino. La construcción debe desenfocarse en un segundo plano.

Todas esas pinceladas deslavazadas conforman el boceto de una estrategia económica que no genera ningún entusiasmo en los organismos económicos internacionales, deja a España a los pies de los caballos en el último vagón de salida de la crisis y provoca desconfianza a la hora de realizar las previsiones de crecimiento.

¿Es tan urgente cambiar el sistema de pensiones y de contratación de empleados? ¿Es lo único que puede hacer el Ejecutivo para mejorar la salud de la economía y de sus recursos financieros? En un país con algo más de 18,6 millones de trabajadores hay 8,6 de pensionistas y 4,3 de parados. El problema es de calado. Sin embargo hay otro dato comparativo que también chirría. Hay 2,6 millones de funcionarios y sólo 2,3 de trabajadores en la industria.

Sin ánimo de entrar en el manido debate sobre el número de funcionarios que hay en el Estado español y la necesidad de reducirlo, lo cierto es que las economías que ya están saliendo de la crisis tienen otra relación entre el número de empleados públicos e industriales. También entra en ese grupo la CAV, a las que las previsiones auguran una salida más rápida de la crisis que el resto del Estado. De hecho el ratio de la CAV -1,5 industriales por cada funcionario- incluso es mejor que el de Francia y Alemania, las locomotoras europeas que ya avanzan por las vías de la recuperación económica. Hay unos 223.000 empleados en las fábricas de la Comunidad vasca y sólo 147.600 empleados públicos. Esa correlación se produce en un esquema institucional en el que, junto a Gobierno autonómico y municipalidades, las diputaciones tiene grandes competencias y amplías plantillas al servicio del ciudadano.

funcionarios por habitante La industria de Japón y Estados Unidos duplica en empleo al sector público. El enorme potencial japonés propicia ese escenario. En el caso del gigante americano también juega su papel el déficit de protección social. En un país sin sanidad pública como EE.UU. hay sólo 22 funcionarios por cada mil habitantes. En esa comparación también saca mejor nota la CAV, que cuenta con 69 funcionarios por cada mil habitantes. Es el mismo ratio que Alemania, un país con una enorme tradición en protección social y atención a sus ciudadanos.

España se sitúa en la zona media de la clasificación de funcionarios por habitante. La relación entre empleo industrial y público pone de manifiesto el abuso en algunas comunidades autónomas. Andaluces, extremeños, manchegos y catalanes están a la cabeza del empleo público en España.