BRUSELAS. Así, se generaliza para los Veintisiete el derecho a ofrecer un servicio ferroviario de pasajeros fuera de sus fronteras, lo que hasta ahora sólo existía en virtud de acuerdos puntuales.
Con Renfe, por ejemplo, era ya posible viajar en tren desde España y hasta Portugal, Italia, Francia y Suiza con servicios en los que participan los distintos estados, según ha explicado a Efe un portavoz de la compañía.
En términos logísticos, la nueva normativa significa que todas las empresas ferroviarias de la UE tendrán derecho a utilizar las infraestructuras de otros estados miembros para efectuar rutas internacionales, lo que, según la Comisión Europea (CE), supone "nuevas perspectivas" empresariales y de empleo.
Los requisitos para transportar pasajeros fuera de las fronteras nacionales serán poseer una licencia ferroviaria y contar con certificados de seguridad para operar en los distintos Estados miembros.
"Se trata de una nueva etapa en la realización de un espacio integrado del transporte ferroviario que beneficiará tanto a las empresas como a los pasajeros", declaró el vicepresidente de la CE y responsable de Transportes, Antonio Tajani, en una nota fechada ayer por el Ejecutivo Comunitario.
Sin embargo, fuentes comunitarias han reconocido a la prensa que el proceso será "progresivo" debido que, hasta ahora, son pocas las compañías que han hecho solicitudes de acceso a las infraestructuras de otro país.
Entre los factores que frenan el proceso están la magnitud de las inversiones necesarias y la duración y coste de los procedimientos nacionales de certificación.
La normativa europea que "liberaliza" el transporte de pasajeros es, sin embargo, proteccionista con las compañías nacionales o con aquellas que tienen un contrato de servicio público, como Renfe, en el caso español.
La CE ha dejado claro que la liberalización prevé un cierto número de medidas de salvaguardia para evitar que la llegada al mercado de las nuevas compañías de la Unión no pongan en peligro los servicios públicos ya existentes.
Así, la reglamentación que entra mañana en vigor deja margen a los Estados miembros para restringir determinados servicios que entren en competencia con los operados con contrato público.
Además, los Gobiernos se reservarán el derecho de exigir ciertos requisitos a las compañías antes de facilitarles el permiso de usar las vías y estaciones de tren; así como la prerrogativa de organizar la liberalización de manera que no perjudique el carácter de servicio público del transporte.
Bruselas ha dejado claro que no se trata de privatizar los "operadores históricos" sino de introducir en el mercado una competencia que motive a todas las compañías a ofrecer un mejor servicio y más innovador en materias como la puntualidad, la flexibilidad y el confort.
El "tercer paquete ferroviario", que liberalizaba el transporte de pasajeros, fue aprobado por el Parlamento Europeo en 2007; mientras que el "primer paquete ferroviario", destinado a las mercancías, recibió el visto bueno en 2001.
El transporte de mercancías no ha vivido una liberalización demasiado acelerada y la Comisión Europea expedientó en 2008 a 24 estados miembros, entre ellos España, por no abrir a la competencia la parte que correspondía.
Según los últimos datos recabados por la Oficina de Estadística comunitaria, Eurostat, en los Veintisiete se registró un volumen total de 395.836.000 pasajeros de ferrocarril en 2007, 21.980.000 en España.
El sector de transportes genera el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión y emplea a más de 10 millones de personas.
