vitoria. Los intentos de transferir a la CAV las políticas activas de empleo el próximo año siguen creando problemas en el colectivo de trabajadores afectados en el Inem y en Lanbide. La Plataforma AsambleaEuskadi ICA, formada por empleados del Inem, no descarta recurrir judicialmente la Ley de Presupuestos que posibilita la creación del futuro Lanbide como entidad pública de derecho privado.

La constatación de que las políticas activas de empleo no serán competencia del Gobierno Vasco con la entrada del nuevo año no ha frenado la dinámica de movilización que emprendieron hace cerca de un mes muchos empleados de las oficinas vascas del Inem desde la Plataforma AsambleaEuskadi ICA, -la próxima semana podría presentarse en sociedad-, puesto que no sólo no cesarán su actividad informativa y movilizadora ante el silencio de la administración y la improvisación en el proceso que vienen denunciando, sino que pondrán "toda la carne en el asador para evitar demoras y conseguir que las transferencias lleguen a Euskadi en las mejores condiciones".

En ese empeño aseguran que la falta de satisfacción de los temas solicitados conllevará, "de no reconducirse la situación", los pertinentes recursos ante los juzgados competentes, tanto de la Ley de Presupuestos (la propia consejera asumió que el procedimiento utilizado para crear el nuevo Lanbide como disposición adicional no es el más adecuado), como de los siguientes decretos que se publiquen, lo que pudiera ocasionar derogaciones y marcha atrás en los planteamientos propuestos hasta hoy por Zabaleta.

La argumentación que plantea el colectivo parte de la defensa del modelo público de la entidad por crear (Lanbide-Servicio Vasco de Empleo) que, sujeta al derecho administrativo y público, "debe de garantizar la implementación de políticas y programas sujetas a los procedimientos públicos, con las garantías para la sociedad civil que la normativa pública exige, y no la entidad pretendida sujeta al derecho privado que se plantea"; en definitiva, la defensa de un organismo autónomo, y no una entidad pública de derecho privado.

Adhesiones Desde el pasado lunes día 16 todos los centros de trabajo disponen de un escrito de solicitud que irá dirigido a diversas instituciones: Lehendakaritza, consejería de Empleo, Ministerio de Administraciones Públicas, Comisión Mixta de Transferencias, Ararteko, Defensor del Pueblo y Parlamento Vasco a modo de documento de hechos y otras anomalías técnico jurídicas que no se habrían contemplado -a juicio de los empleados- por parte de las autoridades públicas de la CAV y del Estado.

La entrega de dicho documento, que está siendo objeto de una adhesión muy importante, según la AsambleaEuskadi ICA, podría sustentarse con la presencia física de un importante número de trabajadores y trabajadoras del SPEE-Inem y escenificarse en breves fechas, que en el caso de Bizkaia conllevaría incluso una concentración en la capital vizcaína. En Gipuzkoa se camina a una marcha más corta, aunque se estima que podría ser en diez/doce días. Por lo que respecta a Álava, el escrito está circulando de forma más pausada; demoras, -explican representantes de la plataforma-, "por la labor y obstrucción de determinadas personas, representantes sindicales, que cuestionan el anonimato de la plataforma", aunque desde ésta se les reprocha que "no dicen nada sobre su inacción e inoperancia, saliendo ahora, con mensajes que ya los plasmamos hace un mes ante sus silencios e inacción". "Nunca es tarde si la dicha es buena aunque habrá que aligerarles de intereses individuales para que todos naveguemos en el mismo barco".

El cuerpo del escrito-denuncia se fundamenta en la falta de atención a las consideraciones de los empleados, que instan a subsanar los defectos del procedimiento realizado hasta ahora. Los trabajadores exigen recibir "información veraz relativa a las nuevas condiciones laborales, funcionales, estructura o destinos de la nueva entidad autonómica gestora de las políticas activas de empleo, al conjunto de los trabajadores del Inem de la CAV", que estiman como "único modelo de servicio público de empleo que garantice los requerimientos legales de dependencia orgánica y funcionalmente de la administración pública para con los trabajadores transferibles de la administración estatal, en este caso concreto del Inem".

Asimismo instan a la "conformación de un organismo autónomo dependiente de la consejería de Empleo, o en su caso la integración en la propia administración autonómica, modelos todos ellos implantados en todas las comunidades autónomas del Estado, y no existiendo ningún caso de entidad sujeta al derecho privado".

La plataforma exige que se garantice el acceso al nuevo servicio receptor de las políticas activas de empleo de todos los trabajadores que ocupan en la actualidad puestos de trabajo que vayan a ser transferidos a la CAV. Es decir, partiendo del derecho de voluntariedad, garantía de continuidad en el puesto de trabajo de su titularidad, tanto para funcionarios de carrera e interinos, para laborales fijos como temporales; y esto para todos y cada uno de los trabajadores afectados por el nuevo servicio".

Abogan porque una vez constituído el nuevo servicio, las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras deberán ser las mismas que el personal funcionario al servicio de la administración de la Comunidad Autónoma Vasca y sus organismos autónomos; o por el convenio colectivo de laborales al servicio de CAV, en su caso, "todo ello, sin perjuicio de los derechos adquiridos del personal transferido".