Vitoria. El núcleo de la política social del nuevo Gobierno Vasco, y así lo repite cada vez que tiene ocasión Gemma Zabaleta, es la lucha contra la exclusión a través del empleo. Ayer la consejera compareció en el Parlamento para explicar las acciones que se van a desarrollar en ese sentido, y que a partir de la semana que viene se materializan en un plan de choque para generar 7.000 puestos de trabajo.

La medida supondrá el desembolso de 63 millones de euros, a razón de 1.500 por cada contrato, y se pretende canalizar a través de Eudel, pues son los ayuntamientos los encargados de tramitar las ayudas, dirigidas a empresas que contraten por seis meses a desempleados que se hayan quedado sin subsidio entre marzo y septiembre, y a los perceptores de la Renta de garantía de ingresos, un 30% del total de los beneficiarios.

El Consejo de Gobierno del próximo martes aprobara la orden de convocatoria, un "guión", como explicó Zabaleta, que se enviará a los ayuntamientos para que instruyan su propio plan y devuelvan las solicitudes a Lakua para su aprobación. La idea es crear contratos de trabajo y formación remunerados, y en empresas privadas ligadas a las nuevas tecnologías, las energías renovables, el mantenimiento de equipamientos educativos y escolares o la recuperación del entorno rural.

No se trata de generar empleo duradero, sino de formar a quienes han salido del mercado laboral para que sean competitivos cuando la crisis sea un mal sueño. Mientras, el contrato de formación de medio año habrá dado derecho a un subsidio al trabajador. "Queremos que estas personas estén en condición de acceder a un empleo estable sin tutela. La clave es que se esfuercen por intentarlo", señaló Zabaleta, quien advirtió de que la crisis de los noventa se prolongó en el tiempo por la escasez de mano de obra cualificada en el momento en que empezó a aumentar la demanda de trabajadores.

Puede que no tarde en llegar ese momento. La industria vasca toma aire, y con ella un 25% de los más de 50.000 personas cuyo empleo ha pendido de un hilo durante todo 2009. Un total de 13.598 de los 54.086 trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo desde el pasado 1 de enero han logrado salir de esta situación.