Madrid - El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió ayer que la segunda parte del partido de Segunda División entre el Rayo Vallecano y el Albacete, encuentro que fue suspendido por los gritos que un sector del público dirigió al jugador ucraniano del equipo manchego Roman Zozulya el pasado 15 de diciembre, se juegue a puerta cerrada. Para determinar la fecha, Competición solicitará informe previo a la Liga de Fútbol Profesional para que manifieste lo que considere oportuno en el plazo de tres días y otorgó también el mismo plazo a los dos clubes para que propongan un día para la celebración del encuentro.

Pero la resolución no acabó ahí. Competición también acordó imponer una sanción de 18.000 euros al Rayo Vallecano y la clausura parcial de su estadio durante dos partidos, que afectará al sector y grada donde se produjeron los gritos, por infracciones graves previstas en el Código Disciplinario de la RFEF.

El encuentro fue suspendido por incidentes de público, tras los cánticos que los aficionados locales dirigieron al jugador ucraniano del Albacete Roman Zozulia -"el que no baile es un fascista, el que no baile es Roman Zozulya" y "Roman Zozulya es un puto nazi", según reflejó el árbitro cántabro José Antonio López Toca- y por la exhibición de una pancarta (de entre 10 y 15 metros de largo) con el lema "Evitar que un nazi vista la franja".

Para Competición, "el club local, a pesar de haber desplegado algunas medidas de carácter preventivo y de haber reaccionado a lo sucedido con algunos mensajes de reprobación, no fue capaz de colaborar de modo eficaz en la represión de las conductas violentas y/o incitadoras a la violencia que están en el origen de este expediente, de tal modo que el partido pudiese ser disputado en condiciones de seguridad".

También indicó que no consta que el Rayo Vallecano "haya adoptado medida alguna dirigida a la identificación de los aficionados que entonaron los referidos cánticos ni a la adopción de medidas contra los mismos", por lo que consideró "proporcionadas y ajustadas a Derecho" la imposición de las sanciones dictadas. Las sanciones del Comité, que calificó el asunto como "una infracción de carácter grave" y que insistió en que se generó un "clima de inseguridad", pueden ser recurridas ante el Comité de Apelación en el plazo máximo de diez días hábiles. - Efe