Cuando se han disputado tan solo cuatro jornadas correspondientes a la Liga Femenina de la temporada 2021-22, una nueva amenaza de huelga vuelve a sobrevolar la competición. Según reveló el lunes por la noche la emisora Onda Cero, el bloqueo institucional a la profesionalización se encuentra detrás del posible plante tras las últimas reuniones entre las jugadoras y los dirigentes de los clubes.
El Director General de Deportes, Albert Soler, al que algunos directivos acusan directamente de actuar de forma “servil” con el Real Madrid, el Barcelona y el Athletic -los tres únicos que no pertenecen a la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino desde su nacimiento- y la Real Federación Española de Fútbol, se encuentra en el punto de mira por su gestión en este asunto.
Las futbolistas siguen sin ver atendidas unos derechos que, a su juicio, les asisten. En concreto, aspiran a la firma de un convenio colectivo un salario mínimo, que ronde los 16.000 euros brutos anuales para una jornada completa; las vacaciones, de 30 días naturales; la parcialidad, del 75% en relación al efecto que tiene en las cotizaciones; el plus de antigüedad, por cada dos años de permanencia en el mismo club; la inclusión de un protocolo de embarazo y maternidad; el complemento salarial por incapacidad temporal, del 100% durante el periodo de baja; o la cobertura, en caso de muerte o incapacidad permanente. Estos mínimos exigidos por las futbolistas chocan con la propuesta de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino.
En su momento, se registraron dos propuestas de estatutos para la constitución de LaLiga, una de 12 clubes (G12) y la otra de los tres ya citados, Real Madrid, Barcelona y Athletic (G3). Estos últimos pretenden que la modificación de estatutos y todo lo relativo a ingresos comerciales y audiovisuales entre en vigor con un quorum del 90 %, algo con lo que no están de acuerdo los restantes clubes, entre ellos el Alavés, a quienes no se les permite comercializar sus derechos audiovisuales de forma colectiva hasta que esté constituida la Liga Profesional. Mientras tanto, el CSD trata de imponer algo de cordura aclarando que no retirará los 31 millones de euros de subvención prometidos.
