bilbao. No hace mucho que le preguntaron a Alberto García Erauzkin, presidente de Euskaltel, si la empresa había hecho una estimación del desembolso que suponía el cierre del equipo ciclista, un proyecto programado para, al menos, cuatro años, y desmantelado apenas unos meses después. La continuidad de esa estructura, alegó la compañía, era inviable en esas condiciones en las que ella sola asumía el total del presupuesto, más de siete millones de euros, al desligarse del proyecto las instituciones. De ahí el cierre. Y de ahí, también, el proceso abierto para negociar con los ciclistas, directores y auxiliares con contrato en vigor para una, dos, tres o cuatro temporadas más. Cuando le preguntaron por el presupuesto estimado para zanjar su deuda con todos ellos, Erauzkin respondió que no podía ofrecer datos de unas negociaciones que entendía íntimas y que debían quedar entre los implicados; Euskaltel por un lado y el trabajador por otro, que acaban de empezar el proceso de negociación después de que la empresa enviara una carta esta semana a cada uno de ellos presentándoles su propuesta. En esta Euskaltel habla de la aplicación de un ERE que entraría en vigor en enero y de una indemnización que quedaría fijada en 20 días por año trabajado, lo que implica también que la empresa asume la antigüedad de todos ellos pese a que antes de pasar a pertenecer a BCPT (Basque Cycling Pro Team) en enero de 2013 sus contratos estaban firmados por la Fundación Euskadi.
La propuesta ha sido recibida por los afectados con descontento al considerarla insuficiente y, sobre todo, injusta en el contexto de una situación que entienden no ha sido provocada por ellos al mismo tiempo que Euskaltel alude a terceros para compartir la responsabilidad de la desaparición del equipo. Sea como fuere, la oferta es notablemente inferior a los contratos que tenían firmados para los próximos años. En el caso hipotético de cualquiera de ellos que cobrara 50.000 euros anuales y llevara siete años vinculado al equipo, su indemnización no alcanzaría los 20.000 euros; si su sueldo hubiera rondado los 100.000 euros durante el mismo periodo, recibiría poco más de 40.000 euros.
Todos los afectados por el ERE tendrán dos semanas para negociar unas mejores condiciones que las ofrecidas por la empresa para finiquitar su relación. De no llegar a un acuerdo, un juez tendría que resolver el conflicto en un proceso que rara vez dura menos de tres años en litigios laborales similares a este. En el proceso de negociación entrarían los auxiliares y directores, así como los corredores con contrato en vigor que no han logrado fichar por otro equipo (Samuel, Antón, Egoi Martínez, Rubén Pérez, Miguel Mínguez, Jon Aberasturi y Gorka Verdugo). Otros, como Mikel Nieve, aún habiendo encontrado un nuevo destino -el navarro correrá en el Sky-, no renuncia, al menos totalmente, a los dos años de contrato que tenía firmados con Euskaltel. Mientras Mikel Landa, Jon Izagirre o Gari Bravo llegaron en su día a un acuerdo para zanjar su relación con la empresa.