madrid. El exsubdirector del banco de sangre de la Cruz Roja en Canarias, Antonio Rico Revuelta, que declaró como perito en el juicio de la Operación Puerto a propuesta de la defensa de Eufemiano Fuentes, terminó admitiendo que éste no cumplía los requisitos exigidos por la ley para practicar transfusiones. Así lo reconoció Rico, director del centro médico de Canarias en el que Fuentes presta sus servicios y que también fue director general de Seguridad y Emergencias del archipiélago, durante el turno de interrogatorio de las acusaciones.

A preguntas de la abogada del Estado, que repasó todos los puntos exigidos por el Real Decreto 1088/2005, que regula el sistema de transfusiones en España y establece los requisitos de la hemodonación y de los centros y servicios de transfusión, Rico terminó diciendo que en las prácticas de Fuentes "algunas normas médicas pueden no estar cumplidas".

La norma exige que antes de una autodonación se realicen pruebas analíticas para determinar el grupo sanguíneo y detectar posibles agentes infecciosos, entre los que cita la sífilis, la hepatitis B y C, el virus del SIDA, además de las necesarias "para detectar portadores de otros agentes infecciosos en determinados donantes por sus circunstancias epidemiológicas concretas".

A preguntas de la abogada del Estado, el perito -que había comenzado diciendo que, en su opinión, Fuentes cumplía las normas médicas, aunque no las administrativas- acabó admitiendo que el médico canario no atendió a casi ninguno de los requisitos exigidos. Así, reconoció que ni se determinaba el grupo sanguíneo del donante, ni se hacían las pruebas para detectar enfermedades infecciosas, ni existían documentos donde constara el consentimiento informado de los deportistas que se sometían a extracciones y reinfusiones.

El perito también admitió que, en la documentación que obra en la causa, no ha podido encontrar los motivos médicos por los que Fuentes consideraba necesario realizar las transfusiones, pese a que la ley dice que éstas solo se harán "por prescripción médica".

Sobre la identificación de las bolsas mediante un código que solo el médico canario era capaz de interpretar, Rico dijo que "debería tener un sistema que pasara a otra persona" en caso de necesidad, pero que no entrañaba más peligro que el hecho de no poder utilizar la sangre en ausencia de Fuentes. "¿A la vista de estos incumplimientos, cree que el almacén de sangre de Eufemiano Fuentes cumplía los requisitos de seguridad establecidos en el Real Decreto 1088/2005?", preguntó la abogada del Estado, a lo que el experto respondió: "No".

Rico admitió también que cometió un error al decir que las neveras de Fuentes estaban homologados para conservar sangre. "Me confundí", reconoció Rico cuando la abogada del Estado le preguntó por qué puso en su informe que los frigoríficos en los que la Guardia Civil intervino más de doscientas bolsas de sangre y de plasma estaban "homologados" para su conservación cuando no contaban con un sistema que garantizara que se mantuviera la temperatura en caso de fallo del suministro eléctrico.