GASTEIZ. PP y PSE-EE han apoyado esta nueva tasa, mientras que el resto de grupos ha votado en contra de la misma.

Entre las actividades de riesgo que serían susceptibles de cobro figuran el submarinismo, el surf y otras variables de deportes acuáticos, el descenso de cañones y barrancos, la escalada, la espeleología, la bicicleta de montaña sin casco protector, el motocross, el turismo ecuestre, el esquí o el vuelo en parapente, entre otros.

Además, el proyecto de ley también contempla que podrán cobrarse los rescates y salvamentos cuando éstos se lleven a cabo en zonas peligrosas o de acceso prohibido.

También deberán pagar su propio rescate quienes sufran un accidente durante la práctica de una actividad deportiva o recreativa en medio de una alerta naranja o roja por fenómenos meteorológicos adversos.

Los menores de 16 años y las personas que sufran alguna deficiencia o alteración psíquica estarán exentas de esta nueva tasa. Tampoco se cobrarán los rescates en los que la víctima fallezca a consecuencia del accidente.

Las tasas a pagar irán desde los 36 euros por hora por los medios humanos movilizados (por cada persona), 38 euros la hora por cada vehículo desplazado al lugar del rescate, por cada embarcación entre 383 euros y 2.017 euros por hora (según el tamaño), y 2.093 euros por hora por cada helicóptero que se movilice para el rescate.

Los precios de las tasas son inferiores a los propuestos en el proyecto de ley, y han sido rebajados al introducir una enmienda del PP en este sentido.

Durante el debate en comisión, PNV, Aralar y UPyD han votado en contra del artículo que prevé la implantación de esta nueva tasa, aunque Dani Maeztu (Aralar) ha aclarado que su grupo sería partidario de limitarla a los casos en los que haya negligencia por parte del rescatado.

Leire Corrales (PNV) ha advertido de que en otras comunidades autónomas se han regulado estas tasas pero nunca se han llegado a cobrar y ha opinado que el sistema vasco de atención de emergencias, que es referencia en toda España, no puede dar un encaje adecuado a una tasa de rescate.

Gorka Maneiro (UPyD) ha considerado que la tasa es "abusiva y discriminatoria" y que "no va a servir para reducir las situaciones de riesgo" sino para posponer las llamadas de auxilio, lo cual puede derivar en "más costes y en desgracias mayores".

Joana Madrigal (PSE) ha pedido a estos grupos que reconsideren su postura y ha reclamado que el dictamen se remita a pleno cuanto antes para facilitar la entrada en vigor de esta tasa.

Antonio Damborenea (PP) ha considerado que lo que se persigue es cobrar por las actitudes negligentes y fomentar la idea de que ciertos deportes se deben practicar bajo el amparo de una licencia federativa que cubra los daños si ocurre un accidente.