MADRID. Estos clubes interpusieron hace dos días una demanda en la que se impugna la suspensión de la jornada trigésima de la Liga de Primera división, prevista para el 2 y el 3 de abril, acordada por la Asamblea de la Liga de Fútbol Profesional el pasado 11 de febrero.
En un auto la juez Purificación Pujol optó por "no adoptar las medidas cautelares solicitas sin escuchar antes a la parte demanda en una vista", que se celebrará el 29 de marzo a las 10:00 horas".
En la demanda se solicita la adopción de determinadas medidas cautelares tendentes a la disputa de dicha jornada en la fecha prevista en el actual calendario, el 2 de abril, o al menos, de los partidos de los seis clubes demandantes.
Sevilla-Zaragoza, Villarreal-Barcelona, Almería-Athletic de Bilbao, Real Sociedad-Hércules y Espanyol-Racing son los partidos correspondientes a la jornada que afectan a los clubes demandantes.
A la vez que la demanda los seis clubes remitieron escritos a la LFP, la Federación Española de Fútbol (RFEF) y Mediapro, en los que les instaban a asignar los horarios correspondientes a dicha jornada (30ª) y a designar árbitros para la misma.
La RFEF anunció ayer los colegiados, pero la LFP no facilitó los horarios de la jornada.
La Asamblea de la LFP acordó el pasado 11 de febrero "abrir un periodo de negociación con el Gobierno y los partidos políticos y no celebrar la jornada del día 3 de abril de 2011 en el caso de que no se produzcan avances significativos en relación a las pretensiones de la Liga de Fútbol Profesional".
El parón alteraría todo el calendario y el final de la liga en Primera se retrasaría del 22 de mayo al 12 de junio, dada la reserva de fechas que existe para la final de la Liga Europa (miércoles 18 de mayo), Liga de Campeones (sábado 28 de mayo) y selección (del 3 al 7 de junio).
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) trató de evitar que hubiera partidos de liga el pasado 2 de enero pero la Liga se opuso al entender que no existía ni una fecha libre en el calendario para acoplar una jornada.
Los clubes no ven avances en sus reclamaciones al Gobierno, que no ha cedido ante su intención de acabar con la obligación de televisar en abierto cada jornada un partido de Primera división.
La Liga entiende que esta obligación, que sólo existe en España desde la llamada "Ley Cascos" de 1997, es una expropiación de derechos a los clubes sin contraprestación, que supone unos 150 millones de euros al año, según su presidente, José Luis Astiazarán.
Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010 establece que el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales debe fijar un catálogo bienal de acontecimientos de interés general, que han de emitirse por televisión en abierto y con cobertura estatal, entre los que figura un partido por jornada de liga en Primera.
Ningún grupo parlamentario propuso alteración alguna en este punto. Otra de sus pretensiones es que la Ley del Juego, en tramitación parlamentaria, concrete el retorno económico que deben percibir los clubes de las apuestas deportivas, ya que el texto dicta que será la Ley reguladora del Deporte Profesional -aún no concluida- la que fijará la cantidad y no garantiza el mantenimiento del porcentaje actual para la Liga (10%).
