Suspendido el juicio por los abusos sexuales ocurridos en ‘Gran Hermano’

La Fiscalía pide que el acusado sea condenado a dos años y seis meses de prisión además de una indemnización de 6.000 euros para la joven.

Al inicio de la vista el letrado de la víctima explicó que esta no había podido acudir debido a que sufre “problemas psiquiátricos graves” por los que tuvo que ingresar el pasado mes de diciembre en un centro especializado. Ingreso que no se produjo además de forma voluntaria. Precisó que la joven, que ahora está de alta médica, se encuentra “completamente imposibilitada”, tal y como constaba en un informe médico aportado en la sesión. Por ello solicitó la suspensión del juicio mientras se acredita el estado mental de Carlota, a lo que la jueza accedió argumentando que el testimonio de la víctima es necesario, para lo cual previamente tendrá que ser valorada por un médico forense.

La defensa del acusado se opuso a la suspensión del juicio al considerar que la supuesta enfermedad mental de la víctima se contradice con su actividad en redes sociales hasta hace escasos días. La jueza no atendió esta petición ni tampoco la pretensión del abogado de la víctima de que se suspenda el juicio en este juzgado al considerar que no es competente por el tipo de delito, algo que se dirimirá en su caso en las cuestiones previas de la vista oral.

El Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid es el competente por el momento para juzgar el caso.

Para la productora del programa, Zeppelin, el Ministerio Fiscal solicita la misma cantidad (6.000 euros) por los daños ocasionados a la joven al mostrarle las imágenes unas horas después en el mismo reality, según el escrito de la Fiscalía, que recuerda también que el programa emitía durante 24 horas la convivencia de los participantes en la casa de Guadalix de la Sierra, conforme a un reglamento “del que se deduce una relación de trabajo de los concursantes con la productora”.

Añade que los hechos comenzaron a las ocho de la tarde del 3 de noviembre de 2017 en una fiesta en la casa para la que “el programa suministró a los concursantes bebidas alcohólicas”, de manera que la joven acabó en estado de embriaguez y el procesado abusó de ella bajo un edredón, mientras la joven estaba semiinsconsciente y decía “no puedo”. Luego parecía inconsciente. Las imágenes grabadas le fueron mostradas a la joven a la mañana siguiente, empeorando su estado, según la Fiscalía.

El abogado de Carlota lamentó al salir del juzgado que la magistrada no se hubiera pronunciado sobre la nulidad del juicio que él había solicitado porque “se va a juzgar solo un abuso sexual, cuando entendemos que como mínimo hay indicio serio en las imágenes grabadas de que hay penetración”, como recogía la jueza de instrucción en el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, en 2018. “Estamos en un juzgado penal por un error de procedimiento en la instrucción”, añadía, y ese es el motivo por el que solicita que se anule lo actuado desde ese auto de 2018 y se procese al acusado por violación, de manera que sea juzgado en la Audiencia Provincial y pueda ser condenado a entre cuatro y diez años de cárcel.

El letrado argumentaba que Carlota tenía problemas psicológicos antes de entrar en el programa, lo que la productora debería saber, y desde el suceso “ha empeorado gravemente su salud mental”.

Por su parte la productora Zeppelin precisa, en un comunicado, que esta empresa es responsable civil subsidiaria en el proceso, de manera que indemnizará a la víctima si el procesado se declarara insolvente, y subrayó que “se ha producido una anomalía procesal por la que se ha mezclado en este mismo proceso una petición de responsabilidad civil a Zeppelin por daños morales”, ya que cualquier reclamación económica será por vía civil.

La empresa productora del programa también afirmó que se actuó siempre “con la más firme voluntad de proteger” a la concursante y que tiene “tolerancia cero” ante cualquier abuso.